¿Quién vigila a la Junta de Control Fiscal?

Los miembros del ente federal, impuesto en la isla tras la implementación de la Ley PROMESA, presentaron recientemente sus informes financieros.

Por Metro Puerto Rico

Por:Carla Minet y Joel Cintrón Arbasetti

Centro de Periodismo Investigativo

¿Con qué compañías tienen contratos o dónde trabajan los integrantes de la Junta de Control Fiscal cuando no están atendiendo los asuntos del Gobierno de Puerto Rico? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Dónde tienen inversiones, desde cuándo y de qué cuantía? ¿Qué contratos, trabajos o intereses tienen sus cónyuges?

Si le gustaría saber estos detalles, tendrá que conformarse con solo algunos datos, pues la Junta de Control Fiscal publicó este martes los esperados documentos de “divulgación financiera” de sus integrantes, pero los formularios parecen estar incompletos. Por ejemplo, no están firmados por el Oficial de Ética, en el espacio que indica “Ethics Official’s Opinion”; algunos tienen la información de los salarios y otros no, y la información de los cónyuges no está disponible en algunos casos.

Son más las preguntas que las respuestas que arrojan los formularios. ¿Fueron estos los documentos sometidos durante el proceso de nominación o evaluación realizado por el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca? ¿A qué agencia se sometieron? ¿Por qué no tienen ningún ponche o indicio de haber sido revisados por un experto independiente en temas éticos? ¿Quién elaboró el formulario? ¿Es uno estándar de la Oficina de Ética federal? La Junta no ha contestado estas preguntas al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sino que ante la petición para aclararlas, envió una carta genérica firmada por su Asesor General Jaime El Koury en la que refiere a su página web juntasupervision.pr.gov.

La trayectoria de estos documentos ha sido azarosa. El 18 de noviembre de 2016, en la primera reunión de la Junta de Control Fiscal en el edificio federal Alexander Hamilton en Nueva York, el presidente de la junta José Carrión, reaccionó a una pregunta de la prensa sobre el tema: “El proceso para ser nominados a la Junta fue bipartita, por lo que ambos, el señor García y yo, somos nominados por el portavoz [Paul] Ryan, y tras ser nominados, entramos en un amplio proceso de escrutinio por parte de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Te puedo referir al Departamento del Tesoro para los detalles de ese proceso de escrutinio. Así que eso ha sido bien riguroso y atendió muchos de los planteamientos que traes”.

El CPI había pedido esta información desde noviembre de 2016 a la Oficina de Ética Gubernamental federal, el Departamento del Tesoro federal y la Casa Blanca. Ante la falta de respuestas, sometió formalmente en enero una solicitud más abarcadora amparada en la ley federal conocida como Freedom of Information Act (FOIA), con el apoyo de LatinoJustice y el Center for Constitutional Rights. La información también se solicitó a la Junta de Control Fiscal”.

Al momento, las respuestas han sido negativas o evasivas por las agencias federales. La Oficina de Ética Gubernamental federal ha indicado que estos documentos no han sido radicados allí, mientras que la Casa Blanca se escudó en la transición de la presidencia para indicar que los archivos de la era Obama habían sido transferidos a la National Archives and Records Administration (NARA). La Casa Blanca de Trump indicó que no tiene archivos relacionados con la Junta de Control Fiscal, lo que podría indicar que desde que el presidente republicano está en la Oficina Oval no ha habido contacto con el ente que rige a la Isla en materia fiscal y presupuestaria.

El Departamento del Tesoro federal pudiera ser la agencia que tenga la información solicitada, según sugiere su respuesta a la petición bajo el FOIA. “Su solicitud puede requerir más información y / o justificaciones para ser procesada”, dijo en una carta Katelyn DeLucca, Manejadora de Casos FOIA de esa agencia. Los 20 días para atender la petición FOIA por el Departamento del Tesoro ya se cumplieron. El CPI espera por una respuesta de DeLucca sobre el asunto.

Los miembros y el personal de la Junta de Supervisión estarán sujetos a los requisitos federales sobre conflictos de interés descritos en la Sección 208 del título 18, del Código Federal de los Estados Unidos, indica la Ley “PROMESA”.

“Eso no quiere decir que se los tengan que rendir a la Oficina de Ética federal. Es que tienen que regirse bajo los mismos requisitos. Hay una distinción bien grande entre una cosa y la otra. Ellos tienen unos parámetros, la Ley de Ética federal tiene unos parámetros que de alguna forma PROMESA los incorporó a su ley. Y dice ‘los requisitos son estos’, pero no dice que lo tienes que notificar a la Oficina de Ética federal”, opinó Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental del gobierno de Puerto Rico.

A juicio de Rosario, los informes de los miembros de la Junta podrían no tener que ser escrutados por el Departamento de Ética federal. “Una cosa es tú rendir un informe y cumplir con los parámetros y otra cosa es que tú tengas que hacer algún tipo de auditoría del mismo. La ley no dice que tú los tienes que auditar. Lo que dice es que lo tienes que rendir. Es bien distinto a la ley nuestra; la ley nuestra dice que tú rindes un informe y pasas por un proceso de auditoría; no es meramente rendirlo.

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