El informe de revisión sobre las becas presidenciales otorgadas en la Universidad de Puerto Rico (UPR) concluyó que “altos funcionarios fueron injustificadamente destituidos en julio del año pasado”, liberándolos de culpabilidad sobre el controversial proceso de las ayudas económicas.
El documento fue firmado y presentado por la exjueza Mercedes Bauermeister a nombre del comité que revisó el otorgamiento de la Beca Presidencial del primer centro docente del país.
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El documento y su contenido será parte de la discusión de los miembros de la Junta de Gobierno de la UPR hoy en la tarde.
Una carta de Celeste Freytes González, expresidente interina de la UPR, exonera de faltas a los funcionarios. En declaraciones escritas, expresó que “entre los puntos más importantes del informe rendido por la licenciada Mercedes Bauermeister, se establece que no hubo violaciones de leyes, normas o reglamentos. No hubo, en ningún momento, mal uso o malversación de fondos públicos. Del informe de 219 páginas se puede concluir que el verdadero escándalo fue el primer informe fatulo por el cual tres abogados cobraron 160 mil dólares de fondos públicos”.
Del informe Bauermeister se desprende, además, que la primera investigación fue “parcializada y discriminatoria expresamente contra el Recinto de Río Piedras”.
Y se recomendó la eliminación de la Beca Presidencial, dada la situación económica de la institución educativa. “Recomiendo a la Junta de Gobierno que ante la situación fiscal y medidas de ajuste presupuestarios que enfrenta la Universidad de Puerto Rico, se deroguela Certificación Número 7 (2006-2007) Concesión de las Becas Presidenciales para Estudios Doctorales y Post Doctorales de la Universidad de Puerto Rico” , reza la carta de la doctora Freytes que introduce el informe.
En el voluminoso informe, de unas 219 páginas, que rindió la exjueza Bauermeister, en el contexto del proceso investigativo ulterior llevado a cabo, también se concluye que “la Junta de Gobierno fue inducida a error por parte de la Comisión de las Becas en el primer informe”.
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Además, se concluyó que las acciones tomadas por la Junta de Gobierno el 7 de julio de 2016 fueron “destempladas, erradas y apresuradas al no brindar a los funcionarios involucrados oportunidad de examinar y reaccionar a un informe repleto de falsedades y de una teoría conspirativa comprada a un programa radial amarillo. Y que esa práctica constituyó una violación crasa al debido proceso de ley, derecho que le garantiza la constitución de Puerto Rico a todo ciudadano”.
“La destitución de funcionarios de la alta gerencia de la UPR se hizo por causa de los hallazgos de aquel nefasto informe. Por tanto, no había base para tal acción a la luz de lo establecido por el nuevo informe”, se sostiene en el documento firmado por Bauermeister.
El informe será discutido por la Junta de Gobierno de la UPR el lunes, a las cinco de la tarde. Además, el Departamento de Justicia reactivó la investigación sobre el particular, informó la secretaria, Wanda Vázquez.
