Las organizaciones e individuos que componen el grupo de trabajo denominado Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, expresaron preocupación el jueves, ante la intención de la Legislatura de enmendar el Código Penal, ya que a su juicio criminalizaría el ejercicio de la libertad de expresión.
“Ante la crisis política y económica que vive el País, la amenaza de castigo sobre la protesta sirve para desalentar que las personas participen, se expresen y manifiesten su parecer con las medidas de austeridad y recortes”, señaló en declaraciones escritas la licenciada Ariadna Godreau Aubert, portavoz del grupo.
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Según manifestó, las enmiendas propuestas al Código Penal buscarían castigar a quienes, como parte de una protesta legítima, obstruyan o paralicen obras de construcción, obstruyan o paralicen acceso o labores en edificios donde se ofrezcan servicios públicos, utilicen máscaras o capuchas dentro de instituciones de enseñanza o “estorben” en procesos legislativos o actividades educativas, entre otras conductas.
“Preocupa, además, el impacto que podría tener la enmienda propuesta al delito de obstrucción a la justicia, bajo la cual ‘demorar o estorbar’ a un funcionario público sería un delito. Esto impediría que mediadoras promuevan el diálogo y la negociación entre policías y manifestantes. También pudiera impedir la labor de las personas observadoras y de los comités de disciplina”, sostuvo Godreau Aubert al tiempo que explicó que algunos de esas enmiendas, como la Ley Tito Kayak, fueron declaradas inconstitucionales por los tribunales de Puerto Rico.
Asimismo, añadió que “nuestra preocupación es que estas enmiendas se anuncien precisamente a días de que se lleven a cabo asambleas y protestas en los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico. Hemos visto las consecuencias terribles de utilizar la fuerza para acallar estas actividades protegidas. La protesta es el primer derecho en la democracia y debe protegerse”.
Por su parte, la licenciada Marilucy González Báez aseguró que “estas medidas no guardan relación alguna con la lucha contra el crimen. Además, son amplias y vagas, por lo que no deben de ser válidas. Las mismas criminalizan los derechos protegidos por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos.”
Ambas coincidieron en que la organización que representan defiende el acceso a la justicia como el derecho de toda persona a conocer y defender sus derechos. “Entendemos que la protesta es parte esencial de la democracia, la Mesa reclama que se garantice la seguridad y el derecho de quienes busquen expresarse libremente”.
La Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia fue descrita como un espacio de diálogo, colaboración, estrategia y acción que reúne organizaciones, abogados, abogadas y estudiantes que trabajan por la defensa de los derechos de las personas, grupos y comunidades de escasos recursos. Dijeron que cuenta, además, con el respaldo de las Comisionadas y el Comisionado de la Comisión de Derechos Civiles porque según su presidenta, Georgina Candal Segurola, las enmiendas propuestas al Código Penal atentan contra el derecho de la libre expresión.
