Investigarán más de 2,000 hogares sustitutos en la isla

La medida también busca detectar el abuso y la trata de menores en los hogares sustitutos y establecer medidas para erradicarlo.

Por Inter News Services
Investigarán más de 2,000 hogares sustitutos en la isla

La senadora Zoé Laboy Alvarado sometió hoy la resolución del Senado 114 para ordenar una investigación sobre la concesión de permisos, funcionamiento y supervisión de los hogares sustitutos para menores bajo contrato con el Departamento de la Familia (DF).

La medida también busca detectar el abuso y la trata de menores en los hogares sustitutos y establecer medidas para erradicarlo.

En días recientes varios medios de prensa han sacado a la luz pública los resultados de un trabajo de investigación académica, que apunta hacia el hecho de que menores bajo la custodia del DF puedan estar siendo víctimas de trata, por parte de personas que se supone que cuiden de ellos en hogares sustitutos.

“Los hogares sustitutos están llamados a proveer los cuidados, la atención y la seguridad que requieren los menores que han pasado por la triste experiencia de separarse de sus padres. Muchos de estos niños no solo viven la inestabilidad de pasar de hogar sustituto a otro, sino que también en muchos casos sufren el maltrato de sus cuidadores y hasta se convierten en víctimas de trata.  Esto tenemos que detenerlo, por lo que urge investigar cómo están funcionando estos hogares y qué supervisión reciben”, expresó Laboy.

Según se desprende del proyecto, luego de investigar la situación, en aquellos casos donde el DF lo entiende pertinente, se procede a la remoción del menor de su hogar y se envía a uno de los 2,799 hogares sustitutos alrededor de la Isla, mientras la familia biológica cumple o incumple con el plan establecido por el DF.

En caso de incumplimiento de la familia, el DF solicita la custodia permanente y la patria potestad del menor para desarrollar un plan de permanencia, que puede ir desde convertirlo en candidato a adopción hasta la ubicación en hogares de vida independientes para lograr su eventual emancipación.

La comisión a la que se asignada la investigación deberá someter al Senado de Puerto Rico en 90 días, un informe con las hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse.

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