Celeste Freytes González, presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, renunció ayer en medio de tensiones en el primer centro docente del país por la crítica situación fiscal que requiere un recorte de $300 millones en dos años por petición de la Junta de Control Fiscal.
La renuncia de Freytes González no es la única en la plana mayor de la UPR. Ayer también renunció la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la institución, Margarita Villamil Torres, y de 10 de los 11 rectores del primer centro docente del país.
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Se informó además sobre la dimisión del director de Finanzas, José A. Lasalde Dominicci, pero, al cierre de esta edición, la institución aún no lo había confirmado.
“Hoy presenté a la Junta de Gobierno mi renuncia irrevocable, efectiva el lunes 20 de febrero, a la presidencia interina de la Universidad de Puerto Rico. Regreso a mi cátedra, desde la cual no renuncio al derecho de continuar defendiéndola y hablando en su nombre. Estoy del lado de su fortalecimiento. Eso me lo debo como claustral y como puertorriqueña, pero, más aún, se lo debo a la historia”, sostuvo Freytes González en una comunicación a la comunidad universitaria. La funcionaria hizo un recuento de logros, incluyendo planes a futuro y la acreditación de la institución.
De inmediato, el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz, agradeció la excelente gestión que realizó la doctora como presidenta interina de la UPR.
Dijo que próximamente la Junta de Gobierno se reunirá para designar quién ocupará la presidencia interina de la UPR, en lo que inicia el proceso para la selección de un presidente en propiedad. La búsqueda de un presidente en propiedad ya inició, y el proceso debe culminar en verano.
Solidarios los rectores
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Tras la dimisión de Freytes González, los rectores —excluyendo al del recinto de Cayey— presentaron también su renuncia.
En la carta enviada a los medios, los rectores dejaron claro que los ajustes económicos que ha sufrido la universidad en los últimos ocho años han repercutido sobre todos los miembros de la comunidad universitaria.
Reconocieron que la presidenta de la universidad, después de celebrar infinidad de reuniones con representantes de los distintos sectores docentes, no docentes y estudiantiles, ha hecho un gran esfuerzo para identificar áreas orientadas a reestructurar operaciones e identificar fuentes de ingreso de cara al futuro, pero “el resultado es claro: no se puede alcanzar la cifra requerida cortando el 36 % de la asignación actual”.
Agregaron que tratar de trastocar el presupuesto del sistema universitario público en un plazo menor de un mes es un ejercicio de futilidad y, en ese sentido, rechazaron la exigencia de recortar $300 millones al presupuesto de la universidad sin que se explique cuál es la lógica de esa cifra y por qué resulta inapelable.
“Rechazamos que se sacrifique más a la UPR mientras otras corporaciones y estructuras gubernamentales no dan un paso al frente, ni se les exige los recortes draconianos que se le han requerido a una institución que ha probado ser vital en el desarrollo de nuestro país… Repudiamos la insistencia en pagar la deuda pública a expensas de la Universidad”, sentenciaron en su carta los 10 rectores.
Recientemente circuló un borrador de propuestas de recortes en la institución universitaria que incluía alza en la matrícula, reducción de las exenciones de matrícula, recortes en el plan médico de los empleados, disminución del bono de Navidad y bajas en las partidas de profesores por contrato, entre otras recomendaciones.
De igual forma, esta semana Freytes González entró en un debate público con La Fortaleza ante el reclamo de transparencia que le hizo el secretario de Asuntos Públicos de la mansión ejecutiva, Ramón Rosario, quien dijo que la UPR no estaba colaborando con datos para someter el plan fiscal. Mientras que Freytes González sostuvo que sí se había reunido con personal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
En entrevistas previas, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares había señalado que es importante proteger el primer centro docente del país, pero sí ha planteado como medidas fiscales la autonomía y especialización de algunas de sus unidades, la adopción de un sistema de matrícula ajustada a ingresos y el desarrollo de más patentes desde el primer centro docente del país.
De hecho, ayer el primer mandatario firmó una orden ejecutiva que establece como política pública promover acuerdos interagenciales con la Universidad de Puerto Rico (UPR) para allegar mayores recursos económicos a la institución educativa. En una de las primeras leyes de la presente administración para atender la crisis fiscal se abría la posibilidad de hacer cambios en las juntas de gobierno —incluyendo la de la UPR— para afinar la política fiscal del Gobierno.
