A poco menos de dos semanas de cumplirse la fecha límite para la entrega del plan fiscal, la senadora Rossana López León y el representante Jesús Manuel Ortiz solicitaron al gobernador Ricardo Rosselló que haga públicos todos los estudios, modelos y estimados de recortes proyectados, aumentos, reorganización y eliminación de beneficios que están evalúan incluir en su propuesta.
“La realidad es que la falta de acceso a la información sobre las medidas que están siendo consideradas y la negativa del Gobierno de revelar los modelos de ajustes que exploran, al punto que ya se dilucidan posibles modificaciones a los beneficios otorgados a los pensionados del País, han incrementado el nivel de ansiedad y de incertidumbre que aqueja a nuestros servidores públicos y nuestros pensionados. La transparencia es indispensable en este momento”, expresaron los legisladores en las cartas enviadas a La Fortaleza.
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El plan fiscal debe ser presentado el próximo 28 de febrero.
Además, los legisladores del Partido Popular Democrático radicaron resoluciones de requerimiento de información en ambos cuerpos, amparados en las disposiciones reglamentarias que les permiten solicitar la entrega de documentos públicos. Y fueron enfáticos en que la divulgación de documentos tiene que realizarse antes de la entrega del plan fiscal requerido por la Junta de Control Fiscal, o de lo contrario, sería académico.
López León y Ortiz González expresaron a través de declaraciones escritas que “nuestra Constitución reconoce y nuestros tribunales de justicia han resuelto y reconocido de forma amplia, los derechos de los ciudadanos, la prensa, los sectores de la sociedad, los miembros de la Asamblea Legislativa, y muy particularmente, de las minorías parlamentarias, de obtener información de primera mano sobre los procesos y documentos públicos”.
Por ello se le solicita que de forma inmediata se les entreguen todos los documentos, estudios, informes, memorandos, cartas, análisis, estudios actuariales, informes de proyecciones de recortes e ingresos, gastos e inversiones y cualesquiera otro documentos que estén relacionados o estén siendo utilizados en el proceso de diseño de posibles escenarios para la confección del plan fiscal a ser sometido por el gobernador de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal de conformidad a la Ley federal PROMESA.
Las peticiones de entrega de documentos incluyen a la Oficina del Gobernador, el asesor legal del Gobernador, el secretario de Estado, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el secretario de Hacienda, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), así como el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Elías Sánchez.
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Los legisladores explicaron que el estado de derecho vigente es que todos los documentos en manos del Gobierno son de naturaleza pública, incluyendo los estudios, análisis, memorandos y estimados de ingresos, gastos o modelos de proyección que se utilizan como documentos de trabajo internos de la Rama Ejecutiva.
Los tribunales solo reconocen el grado de confidencialidad de aquellos documentos que contengan información contributiva, confidencial por motivo de investigaciones criminales, información de recursos humanos, que tengan el potencial de afectar a terceros o que pueda violentar aspectos de intimidad o de los derechos de pacientes o menores, obervaron López León y Ortiz. No obstante, todos los documentos del Gobierno que sean parte de los trabajos de establecimiento de políticas públicas, como lo es el plan fiscal, son de naturaleza pública, enfatizaron.
