El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez presentó un proyecto de ley con el fin de establecer que todo funcionario público o empleado que resulte culpable por discrimen político pague el 50 % de su propio dinero cuando la sentencia determine alguna compensación para el empleado discriminado.
El Proyecto de la Cámara de Representantes 730 (P. de la C. 730) enmendará el artículo 15 de la Ley Número 104 del 29 de junio 1955 conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado” a los fines de establecer que el Estado solo pagará el cincuenta (50%) por ciento del total ordenado, mediante sentencia final y firme, cuando esta recaiga sobre cualquier funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Gobierno de Puerto Rico en su carácter personal por actos que constituyan violación de derechos civiles por discrimen político.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, “cuatrienio tras cuatrienio vemos como se suscitan casos de evidente discrimen político que afectan adversamente nuestra fibra social y desangran las arcas estatales debido al pago de las sentencias que estas demandas acarrean. Vemos constantemente en los medios noticiosos, como salen a la luz pública decenas y decenas de demandas que denotan un claro patrón de discrimen político. Específicamente, vemos como esa plaga carcome el sistema de mérito que se supone impere y se destacan en las noticias como unos de un partido político planifican, dirigen, ordenan, permiten, autorizan o ejecutan, individualmente y en conjunto, acciones adversas en contra de empleados afiliados a otros partidos”.
Meléndez expresó que “el servicio público de carrera es un privilegio que no puede estar sujeto a consideraciones partidistas. Ningún funcionario público debe ser discriminado por su afiliación política personal y nuestra función como legisladores es desalentar esta práctica que va en contra de lo que debe ser un buen servidor público. Es hora ya de acabar con estas acciones que le cuestan mucho dinero al estado, que atentan contra los derechos establecidos en la Constitución, y contra la situación fiscal actual. Aquellos que se prestan para violarle los derechos civiles a otros al cometer discrimen político en las agencias de gobierno sepan que habrán nuevas consecuencias y que pagarán con su bolsillo parte de los acuerdos que determinen los tribunales.”.
El legislador novoprogresita añadió que la pieza legislativa indica que “todo tipo de acuerdo transaccional que surja en virtud de una demanda contra un funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Gobierno de Puerto Rico y que contemple la erogación de fondos públicos, será referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente para su evaluación, con el propósito de determinar la aplicabilidad de la aportación del cincuenta (50%) por ciento por parte del Estado, previo a ser presentado ante la consideración del Tribunal General de Justicia”.