El nuevo alcalde novoprogresista de Aguada, Manuel Santiago Mendoza, fue referido a las agencias pretinentes, tras haber realizado cuatro nombramientos a la Junta de Subastas del Municipio que violentan las más básicas disposiciones que rigen dichos nombramientos, se informó el lunes.
“Durante la pasada Sesión Ordinaria, la Legislatura Municipal dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) confirmó cuatro nombramientos a la Junta de Subastas de personas que no cumplen con la definición de ‘funcionario municipal’ de la Ley de Municipios Autónomos. Según establece dicha Ley, la Junta de Subastas estará conformada por funcionarios municipales. La propia Ley define dicho concepto como la persona que ocupa un cargo de director de unidad administrativa del Ejecutivo. La Ley diferencia este concepto del ‘empleado’, el cual define como empleados regulares, irregulares, de confianza, transitorios y en periodo probatorio”, indicó Christian Cortés Feliciano, portavoz del Partido Popular Democrático en la Legislatura Municipal.
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A la denuncia se unió el exalcalde y legislador municipal Miguel A. Ruiz Acevedo. Ambos enviaron cartas a la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, y al Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), Omar Negrón, para que tomen conocimiento y cartas en el asunto.
“El Tribunal Supremo ha reconocido esta diferencia de conceptos y el Departamento de Justicia tiene hasta opiniones donde aborda específicamente las diferencias de ambos conceptos. Por último, tan reciente como el 30 de septiembre de 2016 la propia Contralora en el informe de auditoría M-17-12 hizo señalamientos precisamente por nombrar empleados municipales como miembros de la Junta, en lugar de funcionarios municipales”, abundó Cortés.
Los legisladores municipales recalcaron que la propia Contralora ha señalado que el efecto de nombramientos contrarios a la Ley, como supuestamente los son los efectuados en la Legislatura de Aguada, “dan lugar a que se cuestione la validez de los acuerdos tomados por la Junta”.
“En cumplimiento con nuestro deber ministerial como legisladores municipales presentamos ante la Legislatura las razones por las que se debieron reconsideraran las designaciones que no cumplían con las disposiciones legales aplicables, más no fueron evaluados con el rigor pertinente. La Ley es clara respecto a lo que es un funcionario municipal. Una Junta constituida por nombramientos que no cumplen con los requisitos que expone la Ley, se expone a que la legitimidad de sus actos sean impugnados, tanto administrativa como judicialmente. La propia Contralora ha señalado que este tipo de nombramientos son contrarios a la ley y que podrían poner en riesgo los acuerdos tomados por la Junta”, puntualizó Ruiz Acevedo.
Señalaron los legisladores que la Legislatura Municipal recibió un correo electrónico por parte de OCAM en respuesta a una consulta que le hizo la secretaria de la Legislatura sobre la definición de funcionario municipal estipulada en el Reglamento para la Administración Municipal. En dicho correo electrónico, OCAM indicó que la definición del Reglamento aplica solo para el uso del término en el Reglamento y no puede ir por encima de lo dispuesto en la Ley referente a la composición de la Junta de Subastas.
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Destacaron que OCAM fue inconsistente al posteriormente decir que en caso de que el alcalde tuviera dificultades para nombrar a los directores de unidades administrativas a la Junta de Subastas, podría documentar estos inconvenientes y le correspondería a la Legislatura si confirmará miembros que no son directores de unidades administrativas, por virtud de excepción.
“OCAM no está por encima de la Ley. No puede crear excepciones donde la Ley no las estipula. Según ha señalado el propio Departamento de Justicia, la Ley de Municipios Autónomos es clara y libre de ambigüedad con respecto a la definición del funcionario municipal. Así las cosas, los nombramientos en cuestión son patentemente contrarios a la ley”, destacó Cortés Feliciano, quien además es miembro de la Comisión de Nombramientos de la Legislatura.
