En momentos en que el Gobierno mantiene una política de recortes y fusión de agencias, en el Capitolio se impulsa una medida para crear un ente cuyo funcionamiento costaría hasta $5 millones anuales.
Se trata de la restitución de la Oficina del Inspector General (OIG), creada en 2010 bajo la administración de Luis Fortuño y eliminada en 2013 bajo el mandato de Alejandro García Padilla.
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Durante la primera vista pública para evaluar el proyecto, el licenciado Facundo Dimauro, en representación del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero, indicó que la pieza legislativa prevé un gasto inicial de $600 mil para la creación, pero en funcionamiento su gasto anual podría ascender a unos $5 millones. Sin embargo, aseguró que se puede minimizar con la aplicación de la Ley 8 del Empleador Único, ya que se traerían auditores internos de otras agencias para realizar la labor.
Mientras, la contralora Yesmín Valdivieso, quien se expresó a favor de la medida, declaró que entre 2011 y 2014, el pasado inspector general recibió asignaciones de $19 millones y desembolsó $15 millones, lo que significó que gastaron casi 4 millones por año.
La directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, al también avalar la medida, sostuvo que esta no representaría un impacto económico significativo para el presupuesto del país, puesto que no se espera la contratación de empleados.
Sin embargo, a preguntas del representante José Conny Varela, Valdivieso admitió que la persona que dirigiría la OIG devengaría un salario de entre 100 a 120 mil dólares, nombramiento que realizaría el gobernador. “Hay que ver cuáles fueron los logros que dicen que se lograron cuando estuvo vigente, cuáles fueron esos logros que ellos manifiestan”, dijo a Metro el representante que en 2013 impulsó la eliminación de ese organismo, mientras que cuestionó que se podría dar una duplicidad de esfuerzos por trabajo que hace el contralor. Añadió que “la medida merece muchos más estudios. No es crear una agencia por crearla. Hay que ver si las circunstancias económicas lo ameritan”.
Por otro lado, el representante Jorge Navarro señaló que “cuando vamos a fiscalizar la corrupción, eso no tiene precio”. El legislador se mostró complacido con que los deponentes respaldaran la medida que vuelve a crear la oficina que formará parte del frente anticorrupción. Navarro indicó a Metro que someterá una enmienda para que, en vez de a seis años, el nombramiento se dé a 10 años y sea confirmado por Cámara y Senado, tal y como surge el de Ética y Contraloría.
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En la vista pública, Rosario sugirió varias enmiendas, por ejemplo, que la oficina tenga jurisdicción sobre la mayoría de las agencias y se incluya a las corporaciones públicas, así como la Universidad de Puerto Rico. Rosario planteó, además, que el lenguaje de la pieza deja fuera a los empleados de confianza, por lo que expuso que se cambie a “servidor público” para que abarque a todos.
La medida cuenta con el respaldo de La Fortaleza. De hecho, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, indicó que la medida será para prevenir la malversación de fondos públicos.
