La creación del Sistema Unificado de Información que permitirá la integración de todos los procesos para solicitar permisos en un solo portal digital, es parte del proyecto que presentó el martes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que recibió el aval del sector privado, por considerar que facilitará la apertura de nuevos negocios.
“El costo de hacer negocios en Puerto Rico es significativamente alto, lo que limita la capacidad para competir a nivel global y atraer nuevo capital. Con estos cambios al proceso de otorgación de permisos, la reforma laboral, y la reforma contributiva que estaremos presentando, entre otras medidas, lograremos que Puerto Rico vuelva a ser el lugar ideal para hacer negocios”, destacó el primer mandatario, en declaraciones escritas.
Para usos permitidos y que cumplen con los parámetros del distrito de calificación (ministerial), la propuesta es crear un mecanismo que permitirá la obtención del Permiso de Uso de forma automática, se destacó.
Además, se simplifican y consolidan trámites de permiso de uso, certificación de prevención de incendio, salud ambiental, licencias y autorizaciones en un solo ‘permiso único’, se indicó. El proyecto crea además el Permiso Único Incidental Operacional, el cual simplifica y reduce los pasos al consolidar trámites como la Autorización de Corte, Poda y Trasplante, Permiso General Consolidado, Permiso General para otras Obras y Permiso de Extracción Incidental a una obra autorizada.
Según se explicó, el mecanismo viabilizará que todas las solicitudes estén disponibles y la radicación se pueda realizar en una misma plataforma digital, ya sean de municipios autónomos o del Gobierno.
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“Ciertamente esta iniciativa es otro paso decidido dentro de una visión completa de desarrollo económico. No podemos tener éxito sin crear el terreno fértil para la inversión y el desarrollo”, comentó el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, el arquitecto Ricardo Álvarez Díaz.
Tal y como detalla el Plan para Puerto Rico de Rosselló, “la reglamentación excesiva, la falta de uniformidad y la complejidad de los procesos en la evaluación de solicitudes son los principales problemas que contribuyen al deterioro de nuestro sistema de permisos”.
Asimismo, el Primer Mandatario reclamó que la reforma de permisos responde a la necesidad de continuar tomando las acciones concertadas dirigidas a convertir a Puerto Rico en un lugar abierto para los negocios, “mejorando los procesos de permisos, tal y como fuera señalado por la Junta de Control Fiscal”.
“La economía está estancada y tenemos que moverla. Hay proyectos que sí ameritan profundidad y análisis. No obstante, hay otros proyectos sencillos que los ingenieros profesionales y arquitectos estamos preparados para viabilizar, siendo responsables con nuestra Isla”, aseguró por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ingeniero Ralph A. Kreil Rivera.
Entretanto, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Materiales de Construcción, Nelson Narváez, aseguró que “esta reforma es un paso importante para continuar construyendo credibilidad en los empresarios que quieren invertir y que se faciliten los negocios en Puerto Rico. Con estas medidas nosotros los suplidores de materiales de construcción veremos beneficios económicos a corto plazo, pues en la cadena de construcción todos, manufactureros, distribuidores y ferreteros, salimos beneficiados”.
La propuesta uniforma y ofrece ‘certeza’ en la reglamentación, estableciendo la aplicabilidad del Reglamento Conjunto en todo Puerto Rico. También se simplifican y consolidan trámites de permisos de reconstrucciones, remodelaciones, construcciones, demolición, obras de urbanización en un solo trámite de Permiso de Construcción, se dijo.
El Gobernante aseguró que “la meta es lograr un cambio cultural de cero tolerancia a la corrupción. Para lograrlo, es necesario implementar una serie de iniciativas que ataquen el problema desde distintos frentes”. La propuesta incluye independizar el sistema de querellas de la Oficina de Gerencia de Permisos y transfiriéndolo a la Junta de Planificación.
Además, se establece un proceso de revisión judicial “ágil y transparente”, al establecer paneles especializados de jueces –seleccionados de forma aleatoria– para atender estos casos con prontitud.