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En incertidumbre inmigrantes en la isla por decisiones de Trump

Portavoces de organizaciones de derechos humanos se han activado para atender los incidentes que surjan en la isla por las órdenes ejecutivas federales.

La comunidad de inmigrantes en Puerto Rico está en alerta y con serias preocupaciones de cómo les pueda afectar las órdenes ejecutivas que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una de las órdenes ejecutivas firmadas en enero prohíbe la entrada de residentes de siete países de mayoría musulmana, incluyendo residentes y refugiados en los Estados Unidos provenientes de Siria, Irak, Irán, Sudán, Libia, Yemen y Somalia. El presidente fue enfático en que puede ampliarse la lista de países. Incluso, las posturas de Trump van dirigidas a cambiar los procesos de inmigración.

Metro consultó con las principales instituciones universitarias de la Isla que cuentan con miembros de facultad y estudiantes del extranjero y sus portavoces comunicaron que, hasta el momento, no se han reportado situaciones particulares, aunque están atentos a cualquier cambio que pueda acontecer.

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Portavoces de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana y el Sistema Universitario Ana G. Méndez, especificaron que cuentan entre sus instituciones con recursos de los países de la orden ejecutiva de Trump y de otros y aunque no han tenido problemas en su estancia en Puerto Rico, hay preocupación del alcance de los decretos. Hasta el momento las instituciones se mantienen vigilantes, indicaron.

El director ejecutivo de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACCLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez, comenzó ayer formalmente la movilización de un comité de acción compuesto de abogados con peritaje en inmigración para intervenir en cualquier incidente en la isla relacionada con las movidas federales.

Ramírez indicó que en la isla esto representa un “problema bastante serio”, porque hay miles de originarios o residentes en la isla con familiares en los países identificados en las órdenes ejecutivas presidenciales. Ramírez recalcó que hay igualmente residentes de origen Palestino o del Líbano, lugares a donde, a su juicio, se pudiera extender la restricción.

Aunque hasta el momento en la isla no se ha intervenido en acción a las órdenes ejecutivas, Ramírez indicó que han intervenido con situaciones antes de la puesta en vigor del decreto. “Hemos intervenido con personas de Puerto Rico con familia en Palestina que no le permiten volar porque aparecen en la lista de no volar”.  Igualmente, comentó que conoce de sirios con parientes palestinos de religión musulmana que constantemente salen y entran al país y que ahora podrían enfrentar problemas.

Por su parte, el abogado experto en inmigración Ángel Robles afirmó que las acciones han creado “unos niveles de ansiedad entre la comunidad inmigrante que no tiene precendente”. Asimismo, planteó que la preocupación se extiende a la comunidad de inmigrantes dominicanos en la isla.

De otro lado, los procesos de inmigración se afectarían, pues serían más rigurosos los detalles de las solicitudes de información, además, de que afectaría la contratación de extranjeros en empresas internacionales en la isla.

“Ningún presidente había pasado una orden ejecutiva escrita de esta manera ni mucho menos se había expresado intencionalmente de manera despectiva de los inmigrantes”, dijo Robles.

Otro asunto que destacó el abogado es que los oficiales de inmigración en los aeropuertos tendrán la discreción de si la persona se merece o no un beneficio migratorio o debe ser deportado. “Esta orden es un cheque en blanco”, señaló.

El director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, mostró preocupación por la violación de derechos humanos que pudiera representar el rechazo de la comunidad musulmana y de inmigrantes en la isla. “Habría que ver cómo sigue la implementación de estas normas. Somos parte de las minorías de Estados Unidos y estamos dentro de la vulnerabilidad”, dijo Padilla Ruiz.

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