Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), Guillermo Miranda Rivera y Abid Quiñones Irizarry, radicaron el martes, un proyecto de ley para reducir a dos años el término para eliminar del Certificado de Antecedentes Penales cualquier convicción de delito grave cuando se haya cumplido con ciertos requisitos.
“Con este proyecto pretendemos ayudar a los exconfinados a reintegrarse a la sociedad. Estaremos reglamentando la eliminación de ciertas convicciones del expediente penal, siempre y cuando no estén relacionadas a delitos sexuales violentos, abuso de menores ni a personas convictas por corrupción”, explicó Miranda Rivera, representante por el Distrito Número 12, el cual comprende los municipios de Manatí, Vega Baja, Vega Alta y Morovis en declaraciones escritas.
Por su parte, Quiñones Irizarry destacó que el sistema penal de Puerto Rico está enfocado en la rehabilitación del confinado y en su preparación para reinsertarlo en la comunidad, por lo que este proyecto forma parte integral de ese proceso.
“En nuestro sistema carcelario el convicto cumple con medidas punitivas, pero participan en un proceso de rehabilitación que incluye preparación vocacional, desarrollo de destrezas y en muchos casos la prestación de servicios en los cuales reciben ciertas bonificaciones y donde se acorta la sentencia. Luego de este proceso, muchos convictos, al ser liberados, se integran a la sociedad con deseos de superación, de estudiar y salir hacia adelante y dejar en el pasado su experiencia en la cárcel”, comentó el legislador.
Explicaron que actualmente, la ley establece que se pueden eliminar ciertas convicciones cuando hayan transcurrido cinco años desde que se extinguió la pena y que la persona haya demostrado una buena conducta en la comunidad. Sin embargo, esto afecta al exconvicto que comienza a retomar su vida dentro de la sociedad al salir de prisión.
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“Cuando un exconfinado se supera e intenta conseguir un empleo, se topa con la situación de que su Certificado de Antecedentes Penales incluye la convicción de un delito que ya cumplió y que permanecerá ahí por cinco años. Esto limita el desarrollo de estas personas, que ya cumplieron cárcel por sus errores y que tienen el deseo de convertirse en mujeres y hombres de bien”, abundó Miranda Rivera sobre la medida.
Los legisladores explicaron que para permitir que los delitos graves sean eliminados del Certificado de Antecedentes Penales en un periodo de dos años, los exconvictos deberán presentar evidencia de sus estudios vocacionales o universitarios, junto a las evidencias previamente requeridas por la Ley 254, supra, tendentes a demostrar buena conducta y una buena reputación en su comunidad.