El comité de transición entrante del municipio de Loíza presentó hoy los resultados de los trabajos realizados del 1 al 12 de diciembre pasado, en los que se dan cuenta de graves irregularidades en la administración pasada.
El grupo estuvo dirigido por el licenciado Marcos Rivera Ortiz, quien rabajó de manera voluntaria.
PUBLICIDAD
En una conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, en Miramar, Rivera Ortiz detalló los hallazgos más relevantes, que serán referidos en su totalidad a las agencias federales y nacionales pertinentes.
“El Municipio de Loíza ha estado operando como un ente sin cabeza, cuyos miembros actúan independientemente sin norte y sin dirección definida. Se ha operado de manera improvisada, dando tumbos en ausencia de un líder capacitado”, aseguró el abogado.
Entre los hallazgos más relevantes figuran la decomisación irregular de 33 computadoras de mesa varios días antes de las elecciones generales de noviembre pasado.
Un chofer municipal asignado a la oficina del alcalde transportó el equipo para compactarlo en la Oficina de Transportación y Obras Públicas Municipal, sin informarlo al director de esa dependencia ni al director del Programa de Reciclaje.
“Este es un acto inequívocamente contrario a las disposiciones de la ley, por la manera en que se dispone de la propiedad municipal”, explicó Rivera.
PUBLICIDAD
De igual manera, aunque durante el proceso de transición se indicó que la deuda con la empresa de recogido de desperdicios sólidos era de 700,000, al verificarse con oficiales de la empresa, la realidad es que la deuda es de 2,700,000 dólares, en un municipio que tiene 8,000,000 de déficit”, expuso.
“La dirección del Departamento de Obras Públicas Municipal, dirigido por una persona sin la preparación académica pertinente, sin un plan de operación ni proyecciones para mejoras en el futuro. Además de señaló la ausencia de protocolos y directrices que generen una operación eficiente, propiciando actos y deficiencias que pueden degenerar en la comisión de delitos públicos. En dicho departamento, tampoco hay sistemas o procedimientos para el mantenimiento de los vehículos y su disposición final”, acusó.
Agregó que “el garaje donde permanecen los vehículos que son propiedad pública presenta un cuadro tétrico de desorganización y falta de mantenimiento. Lo mismo sucede en los Departamentos de Recreación y Deportes, así como en la Policía Municipal “.
Abundó que en el caso particular de la Policía Municipal, los informes rendidos por el director de ese departamento recogen una serie de investigaciones relacionadas con actos de negligencia o constitutivos de delitos.
Por ejemplo, se investigó el robo de un arma asignada al chofer del alcalde y que nunca apareció. Durante las vistas, el encargado de la Oficina de Auditoría Interna alegó que desconocía del asunto, a pesar de que la investigación surgió por comunicación dirigida a dicha oficina.
“Esta Oficina de Auditoría Interna investigó de manera especial casos sobre hurto de bienes pertenecientes al municipio de Loíza, uso indebido de propiedad municipal, alteración de boletas para compra de combustible por empleados municipales del Departamento de Manejo de Emergencias Municipal, así como el uso de equipo municipal para fines privados y personales en horas laborables”, declaró el abogado.
Según el portavoz, la lista de irregularidades incluye además el desembolso irregular de fondos para la compra de equipo deportivo (béisbol) y la desaparición de equipo asignado a exempleados del municipio.
El proceso de transición en Loíza reveló además que la Oficina de la Primera Dama y Asuntos de la Comunidad otorgaron dinero proveniente del Emergency Solution Grant a familiares y personas allegadas al director de la oficina y a la manejadora de casos.
Para lograr esto, alteraron documentos públicos, no se solicitaron los reembolsos correspondientes y se violaron varios artículos de la Ley de Ética Gubernamental.
“En un periodo de cuatro años, no se reportaron dichos casos a la Oficina de Ética Gubernamental ni tampoco al Departamento de Justicia o las autoridades federales. Esto tuvo el efecto de originar una percepción de impunidad por actos negligentes y constitutivos de delitos”, manifestó Rivera.
El comité de transición de la administración entrante destacó que el presupuesto del municipio de Loíza está descuadrado desde hace varios años, donde la administración gasta más de los ingresos que genera, creando un déficit que se sigue acumulando.
El presupuesto consolidado para el año 2016-2017 es de 11.530,978 dólares.
La nómina del municipio de Loíza asciende aproximadamente a 290,000 mensuales, cerca del 48% del presupuesto municipal.
“Haciendo una comparación de esa proporción con municipios grandes y pequeños reconocidos por su buen desempeño, la proporción entre presupuesto y nómina es de entre 28% y 30%. Cabe señalar que durante el pasado cuatrienio, han sido varios los incidentes donde los empleados municipales no cobran su quincena de trabajo, teniendo que esperar a que el municipio gestione los fondos”, dijo el abogado.
En noviembre de 2016, el Servicio de Rentas Internas Federal (Internal Revenue Service) embargo cuentas municipales por la cantidad de 200,000.
“Por la información que sumunistró el deponente en el caso del Departamento de Finanzas, en el último cuatrienio el municipio de Loíza ha disminuido sus ingresos en 29%, impactado principalmente por la línea de otros ingresos donde se contabilizan los subsidios del gobierno por la limitación de desarrollo de Piñones. Por otro lado, los gastos se han reducido solamente en 12%, por lo que en estos momentos el déficit durante el pasado cuatrienio asciende a 5,206,642.25”, acotó.
Detalló que “analizando los presupuestos previos, se evidencia que hay un patrón de sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos, por lo que podemos razonablemente concluir que al día de hoy, en el municipio de Loíza se ha gastado ya el 50% de los ingresos con que cuenta el municipio para este año fiscal que termina el 30 de junio de 2017”.
En el municipio de Loíza, informó, la proporción de ingresos es la siguiente: 76% correspondiente a remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 7% de ingresos propios, 17% de otros ingresos y 0% de impuesto de ventas y servicios (IVU).
En cuanto a la auditoria más reciente entregada por la administración saliente data del año 2014 y cubrió el periodo de 2010 al 2012.
Dicho informe consta de 11 hallazgos y tres comentarios especiales: déficit presupuestario en el Fondo Operacional, sobregiros en fondos y partidas presupuestarias y atrasos en la preparación de informes fiscales, así como atrasos en el pago de deudas e intereses a las aportaciones a la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) de los empleados del Gobierno y de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La auditoria reveló además la compra de bienes y servicios sin las debidas cotizaciones, arbitros de construcción y patentes municipales no cobrados a contratistas que realizadon obras para el municipio, comprobantes de desembolso no encontrados para examen, desembolsos no registrados en los libros y créditos no obligados al momento de otorgarse los contratos.
De igual manera, se reveló atrasos en la preparación de las conciliaciones bancarias, deficiencias con los cheques en circulación, cheques en blanco y recibos de recaudaciones.
Tampoco se informó del uso dado a fondos legislativos, falta de un plan de retribución y clasificación de empleados de confianza, así como empleados clasificados como transitorios por periodos que excedían el término establecido por la Ley.
En este caso, el deponente alegó que dichos hallazgos supuestamente fueron corregidos con la instalación de un sistema de contabilidad denominado Sima, pero no fue específico sobre dichos hallazgos, lo que levanta sospechas de las acciones tomadas por el municipio.
Otros de los hallazgos importantes señalados por el comité de transición entrante son los relacionados a la operación de la Oficina de la Primera Dama y Asuntos de la Comunidad, la cual no tiene un director en propiedad.
La persona que se presentó al proceso de vistas públicas alegó que los trabajos en dicha oficina de hacen “con propuestas federales”, con el conocimiento del director de finanzas.
Al requerirse un informe de los logros de dicha oficina, la deponente se limitó a mencionar la participación en actividades como Relevo por la vida y ayudar a los ciudadanos con los pagos de agua, luz y transportación.
La Oficina de Auditoría Interna del Municipio de Loíza realizó una auditoría con relación al manejo de fondos del programa federal Emergency Solutions Grant, concluyendo que hubo malos manejos y mal uso de fondos públicos.
Se concluyó además que los participantes del programa brindaron información falsa u omitieron datos en solicitudes con la intención de obtener beneficios y/o ayudas.
También se desprende de dicho informe que se otorgaron ayudas a familiares y conocidos.
Con relación a las operaciones del Departamento de Recursos Humanos del Municipio de Loíza, el proceso de transición reveló que no se han implementado la reglamentación de los aspectos retributivos para capacitación y adquisición de equipos de seguridad y promoción de valores institucionales, así como escasas destrezas de supervisión del personal.
Además se consignó la ausencia de personal que cumpla con los requisitos mínimos de preparación y falta de controles del presupuesto asignado a la dependencia.
Al finalizar la conferencia de prensa, la alcaldesa entrante Julia Nazario anunció que acogió la recomendación del comité de transición y que se harán todos los referidos a las autoridades pertinentes. “Cada centavo en manos del municipio de Loíza es sagrado. Cada material o equipo adquirido con fondos públicos es un bien que hay que defender y asegurar su buen uso. Esta es la filosofía que siempre he llevado en el servicio público y es lo que seguiremos haciendo en esta nueva encomienda que nos han dado los electores”, aseveró.
