Juan Camacho, el portavoz del grupo ambiental de base comunitaria Toabajeños en Defensa del Ambiente, Juan Camacho, emplazó al superintendente José Luis Caldero a hacer público el estudio sobre contaminación del polígono de tiro en Isla de Cabras, que se ordenó en diciembre de 2015 a la compañía Alton Chemical, de Ponce.
Camacho recordó que en noviembre 2015 el Superintendente dijo públicamente que había contratado una empresa privada para determinar “si validaba la información sobre la contaminación y decidir si se justifican los reclamos ciudadanos”.
“Al día de hoy no se ha publicado el resultado de dicho estudio. Hemos llamado a la compañía contratada y nos responden que es la Policía la que tiene la responsabilidad de informarnos. Pero más importante aún, la decisión de realizar este estudio fue una triquiñuela del Superintendente para ganar tiempo”, aseguró Según el ambientalista, el superintendente sabe que la Agencia de Protección Ambiental ha intervenido en varias ocasiones en el Polígono y con el almacenaje de sustancias peligrosas en el lugar. En el 1999 asumió control del Polígono e implosionó parte de Ia pirotecnia, cuyos restos dieron positivo a plomo y otros metales.
Así también, la EPA hizo firmar un acuerdo con la Policía en el que se estipulaba un protocolo para la disposición de las sustancias peligrosas almacenadas. Este acuerdo estipulaba, además, el traslado de este material al estado de Louisianna.
“El superintendente sabe que en octubre de 2015, seis instructores de tiro de la Policía fueron retirados del Polígono por la agencia federal OSHA y referidos al Fondo del Seguro del Estado por dar positivo a pruebas de contaminación con plomo”, agregó Camacho en declaraciones escritas.
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Dijo que en la demanda que presentó y ganó la Compañía de Parques Nacionales (2004) contra la entidad privada que compartía el Polígono con la Policía se exigía la cantidad de un millón de dólares para mitigar en parte los daños ecológicos sufridos en el lugar.
Además, alegadamente EPA intervino por segunda vez (2009) y en su inspección determinó “falta de seguridad, de controles de ingeniería y de supervisión” en las facilidades donde se almacenan material explosivo confiscado y que el manejo inadecuado de estos representaron “riesgo a la salud y al medio ambiente.”
“Por si esto no fuera poco para el cierre del lugar, es necesario recordar que allí se opera sin permiso de las agencias pertinentes. Nunca han tenido permiso de uso y de construcción (antes ARPE y ahora OGP); no tienen permiso de concesión que otorga el Departamento de Recursos Naturales; no tienen permiso de la Junta de Calidad Ambiental por el contacto con el agua y con los altos decibeles de ruido; no tienen contrato con la Compañía de Parques Nacionales (ahora Departamento de Rereación y Deportes)”, expuso el ambientalista.
Este exigió el cierre del Polígono en ese lugar.