La coordinadora general de Taller Salud, Tania Rosario, exigió el domingo al administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta, que cumpla con el pago de sobre 90 mil dólares que supuestamente le debe a la institución sin fines de lucro que por 35 años se ha dedicado a ofrecer servicios comunitarios en los residenciales San Patricio y Yuquiyú en el pueblo de Loíza.
“La deuda asciende a 94,771.23 dólares. Hemos hecho las denuncias siguiendo los canales y Vivienda no ha tomado acción. A pesar de los múltiples esfuerzos, iniciados desde febrero del presente año, y varias reuniones sostenidas, todavía no hemos recibido el pago, por lo que muchos de los servicios que ofrecemos tuvieron que ser detenidos y nuestros empleados cesanteados”, denunció Rosario, en declaraciones escritas.
Rosario responsabilizó al administrador, “por el aumento de los casos de violencia en Loíza que han cobrado notoriedad en los medios de comunicación”.
La preocupación de Rosario es que “el Administrador se haga de la vista larga, abandone la agencia en seis días y nunca cobren el dinero adeudado con el que le hacen justicia a la gente de Loíza. Taller Salud ha hecho la diferencia en Loíza a través del programa Acuerdo de Paz que realizaba al menos 20 mediaciones de conflicto mensuales entre bandos enemigos y buscaba soluciones pacíficas a conflictos existentes. 40 días después de cerrar el último expediente de ese programa, se suscitaron en Loíza tres asesinatos en tres días consecutivos: 9, 10 y 11 de septiembre”.
Según Rosario, como consecuencia del impago se cesantearon 8 empleados, 6 de los cuales residen en Loíza –uno de los municipios más pobres de Puerto Rico y con la tasa de desempleo más alta del país-, se cancelaron los contratos de una facilitadora, dos psicólogos y un contable, así como la reducción de jornada del personal administrativo.