El municipio de Aguas Buenas comenzó con la primera fase de su programa de eliminación de estorbos públicos, demoliendo cinco propiedades en su centro urbano. Anteriormente, las propiedades seleccionadas fueron conocidas por los vecinos como hospitalillos, vertederos clandestinos y puntos de drogas.
“Esto culmina años de lucha contra leyes confusas, contradictorias y sumamente burocráticas”, indicó el legislador municipal Luis Gallardo, autor y principal propulsor de la propuesta.
El programa municipal faculta a los ciudadanos identificar y reportar estorbos públicos para la inspección de parte del municipio.
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Después de notificar a los propietarios y un periodo razonable sin acción, las propiedades son declaradas estorbos.
El municipio también impone una multa mensual, comenzando en 500 y hasta 4,000 dólares.
En caso de esta primera ronda de demolición, la titularidad de los solares se revierten al municipio, ya que las casas abandonadas operaban bajo el régimen de usufructo, similar a la mayoría de los pueblos de la isla.
Las leyes de estorbos públicos provee para que los municipios puedan expropiar, reparar o demoler dichas estructuras.
Sin embargo, frente a la crisis fiscal del país y el presupuesto limitado de los municipios, dichas iniciativas pueden resultar costosas.
“En este caso, las propiedades simplemente no eran reparables por su pobre condición física”, dijo Gallardo, y agregó que, “sin embargo, las herramientas que provee la ley son inasequibles y al final del día, muchos municipios están de brazos caídos”.