JCF: P.R. enfrentará déficit de $67,500 millones en próximos 10 años

El nuevo déficit estimado es casi $10 mil millones más que el déficit de $58 mil millones originalmente proyectado en el Plan Fiscal del Gobierno.

Por Metro Puerto Rico
JCF: P.R. enfrentará déficit de $67,500 millones en próximos 10 años

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta”), establecida bajo la ley Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA”), atendió hoy el Estimado de Base Revisado del Plan Fiscal y de Crecimiento Económico del Gobierno de Puerto Rico.

En una carta conjunta dirigida al gobernador Alejandro García Padilla y al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares, la Junta de Supervisión indicó que, a base de la más reciente información disponible, las nuevas proyecciones apuntan a que bajo la ley actual—es decir, sin depender de fondos federales adicionales y a menos que el gobierno adopte medidas para disminuir gastos y aumentar ingresos,implante reformas estructurales, y reestructure sus obligaciones a largo plazo (incluyendo la deuda y las pensiones)—el Gobierno de Puerto Rico enfrentará un déficit de $67,500 millones en los próximos 10 años.

Como ejemplo de la magnitud de la deuda, la Junta de Supervisión explicó que, a menos que se tome acción, cerrar la brecha presupuestaria requeriría el equivalente de que CADA familia puertorriqueña pagara $5,400 (más de una cuarta parte, o 28%, del ingreso familiar anual promedio, además de lo que ya pagan en contribuciones) CADA año, por los próximos 10 años, para un total de $54,000 por familia.

El nuevo estimado revisado fue calculado por el mismo equipo de empleados y asesores del actual gobierno y aún está en el proceso de ser validado por la Junta de Supervisión y sus asesores. La Junta de Supervisión buscará que un tercero independiente valide el punto de partida para el Estimado Base así como el puente con los más recientes estados financieros auditados disponibles, que datan del año fiscal 2014.

En la carta, el Chairman de la Junta de Supervisión, José Carrión, agradeció a García Padilla, su equipo y sus asesores “por colaborar con la Junta durante el pasado mes ayudándonos en la evaluación del plan fiscal propuesto por el Gobierno de Puerto Rico”. Por otra parte, Carrión felicitó a Rosselló Nevares por su elección y le reiteró que “esperamos desarrollar una relación de trabajo productiva con usted y su Administración para hacerle frente a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico en beneficio de todos los puertorriqueños”.

El 23 de noviembre de 2016, la Junta de Supervisión le informó a García Padilla que el Plan Fiscal que sometió no cumplía con los requerimientos contenidos en la Ley PROMESA. “Luego de un extenso estudio y análisis, queda meridianamente claro que el déficit que el Gobierno de Puerto Rico asumirá en los próximos 10 años es mayor que el que se calculó originalmente. Esta realidad requiere que el Gobierno asuma su responsabilidad y proponga las iniciativas y medidas necesarias para que oportunamente se pueda superar este abismal reto fiscal; y más aún, para que se pongan en marcha con celeridad las reformas que se requieren para lograr un crecimiento económico sostenible y potenciar un aumento sustancial en las oportunidades de empleo para todos los puertorriqueños”, dijo por su parte José Ramón González, miembro de la Junta de Supervisión.

“Estas medidas tienen que lograr el balance correcto entre los ajustes fiscales, las reformas estructurales y la reestructuración de la deuda. Y ese balance debe lograrse tomando en consideración el impacto que los cambios potenciales pueden tener en los niños, las personas de la tercera edad y las familias puertorriqueñas, al igual que en los miembros del sector institucional y la sociedad en general. Esto no es meramente un ejercicio matemático de balancear la chequera, aunque lograr un presupuesto balanceado es fundamental. El verdadero objetivo es restablecer el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente”, añadió Ana Matosantos, una de los miembros de la Junta de Supervisión.

Según el Estimado de Base Revisado, el déficit que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico en los próximos 10 años es tan grande que aunque se eliminara toda la deuda (lo cual, desde un punto de vista legal y de equidad, no es una opción) los libros aún estarían en rojo.

“La Junta de Supervisión cree firmemente que Puerto Rico tiene el potencial de salir de esta crisis en una mejor posición económica. [Somos] una herramienta que el Congreso ha dispuesto para potenciar que Puerto Rico pueda manejar esta crisis.

Pero le corresponde al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico utilizar esta herramienta de manera correcta y efectiva para enfrentar los retos que tienen por delante”, dijo Carrión.

En la misiva, la Junta de Supervisión delinea una serie de medidas que entiende que el Gobierno de Puerto Rico debe considerar para lograr los siguientes tres objetivos:

  1. Restablecer oportunidades y crecimiento económico mediante una serie de reformas estructurales a corto y largo plazo que den paso a una economía más competitiva.
  2. Lograr presupuestos balanceados sostenibles, reestructurando el Gobierno y llevando a cabo los recortes presupuestarios necesarios, mientras se mantienen los servicios esenciales para el Pueblo de Puerto Rico.
  3. Reestructurar las obligaciones a largo plazo a un nivel sostenible bajo un plan fiscal que cumpla con la Ley PROMESA—incluyendo reestructurar la deuda de Puerto Rico, reformar las pensiones y atender la insuficiencia de fondos para cumplir con sus obligaciones—y restablecer acceso a los mercados de capital.

Entre las medidas que la Junta de Supervisión urgió al Gobierno de Puerto Rico que considerara, figuran:

  1. Reformas laborales y de asistencia social para acelerar la creación de empleos y asegurar que menos personas dependan de asistencia social y pasen a formar parte de la fuerza laboral.
  2. Reforma energética para bajar el costo y aumentar la confiabilidad del sistema de energía eléctrica.
  3. Reforma tributaria para disminuir el peso contributivo sobre los individuos y los negocios, aumentar los recaudos, revisar los gastos e incentivos contributivos, y crear un Departamento de Hacienda de Puerto Rico efectivo y eficiente.
  4. Reforma regulatoria y de permisos, para maximizar la competitividad de la economía.
  5. Alianzas Público-Privadas para desarrollar nueva infraestructura y reparar y mejorar la existente.
  6. Reestructurar (al tamaño correcto) el Gobierno, para enfocarse en la calidad de los servicios básicos (como energía, salud y educación) mientras se eliminan servicios no-esenciales que el Gobierno simplemente no puede costear.
  7. Ajustar (a los niveles correctos) los precios de los servicios del Gobierno, alineando lo que cobra por los servicios que ofrece con el verdadero costo de éstos, reduciendo o eliminando así los costosos subsidios que el Gobierno simplemente no puede costear.
  8. Privatizar los activos del gobierno para que puedan ser manejados de forma más efectiva por el sector privado o el tercer sector, a la vez que se genera capital adicional para que el Gobierno invierta en infraestructura.
  9. Reestructurar las obligaciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda y la reforma de los sistemas de pensiones.
  10. Reformar los sistemas de educación y salud.

 

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