Gobernador electo: recomendaciones JCF están en el Plan para P.R.

Rosselló Nevares mencionó que el asunto será discutido en la Conferencia Legislativa que sostendrá en la tarde de hoy.

Por Cybernews
Gobernador electo: recomendaciones JCF están en el Plan para P.R.

El gobernador electo, Ricardo Rosselló Nevares, reaccionó el martes, a la carta de la Junta de Control Fiscal (JCF), en la cual, entre otros asuntos, informaba que el déficit de Puerto Rico es de diez mil millones de dólares mayor que el proyectado y que la administración entrante tenía que tomar varias iniciativas para bajar sustancialmente la cantidad adeudada.

“Cuando leí algunas de las recomendaciones, era como leer parte del Plan para Puerto Rico. Parte del Plan Fiscal que nosotros le hemos propuesto a la gente”, dijo Rosselló Nevares en conferencia de prensa.

El gobernador electo mencionó que el asunto será discutido en la Conferencia Legislativa que sostendrá en la tarde, de manera que puedan implantar medidas a fines con las recomendaciones de la JCF.

La Junta de Control Fiscal (JCF) atendió el martes, el Estimado de Base Revisado del Plan Fiscal y de Crecimiento Económico del Gobierno de Puerto Rico. En una carta conjunta dirigida al gobernador Alejandro García Padilla y al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares, la JCF indicó que, a base de la más reciente información disponible, las nuevas proyecciones apuntan a que bajo la ley actual—es decir, sin depender de fondos federales adicionales y a menos que el gobierno adopte medidas para disminuir gastos y aumentar ingresos, implante reformas estructurales, y reestructure sus obligaciones a largo plazo (incluyendo la deuda y las pensiones)—el Gobierno de Puerto Rico enfrentará un déficit de 67,500 millones de dólares en los próximos 10 años.

“Luego de un extenso estudio y análisis, queda meridianamente claro que el déficit que el Gobierno de Puerto Rico asumirá en los próximos 10 años es mayor que el que se calculó originalmente. Esta realidad requiere que el Gobierno asuma su responsabilidad y proponga las iniciativas y medidas necesarias para que oportunamente se pueda superar este abismal reto fiscal; y más aún, para que se pongan en marcha con celeridad las reformas que se requieren para lograr un crecimiento económico sostenible y potenciar un aumento sustancial en las oportunidades de empleo para todos los puertorriqueños”, dijo José Ramón González, integrante de la JCF en declaraciones escritas.

Para poner esa cifra en perspectiva, la JCF explicó que, a menos que se tome acción, cerrar la monumental brecha presupuestaria requeriría el equivalente de que cada familia puertorriqueña pagara 5,400 dólares (más de una cuarta parte, o 28 por ciento, del ingreso familiar anual promedio, además de lo que ya pagan en contribuciones) CADA año, por los próximos 10 años, para un total de 54,000 dólares por familia.

El nuevo déficit estimado es casi 10 mil millones de dólares más que el déficit de 58 mil millones de dólares originalmente proyectado en el Plan Fiscal del Gobierno que presentara García Padilla el 14 de octubre de 2016. El nuevo estimado revisado fue calculado por el mismo equipo de empleados y asesores del actual gobierno y aún está en el proceso de ser validado por la JCF y sus asesores. La JCF buscará que un tercero independiente valide el punto de partida para el Estimado Base así como el puente con los más recientes estados financieros auditados disponibles, que datan del año fiscal 2014.

En la carta, el presidente de la JCF, José Carrión, agradeció en declaraciones escritas a García Padilla, su equipo y sus asesores “por colaborar con la Junta durante el pasado mes ayudándonos en la evaluación del plan fiscal propuesto por el Gobierno de Puerto Rico”. Por otra parte, Carrión felicitó a Rosselló Nevares por su elección y le reiteró que “esperamos desarrollar una relación de trabajo productiva con usted y su Administración para hacerle frente a la crisis fiscal y económica de Puerto Rico en beneficio de todos los puertorriqueños”.

El 23 de noviembre de 2016, la JCF le informó a García Padilla que el Plan Fiscal que sometió no cumplía con los requerimientos contenidos en la Ley PROMESA.

“Estas medidas tienen que lograr el balance correcto entre los ajustes fiscales, las reformas estructurales y la reestructuración de la deuda. Y ese balance debe lograrse tomando en consideración el impacto que los cambios potenciales pueden tener en los niños, las personas de la tercera edad y las familias puertorriqueñas, al igual que en los miembros del sector institucional y la sociedad en general. Esto no es meramente un ejercicio matemático de balancear la chequera, aunque lograr un presupuesto balanceado es fundamental. El verdadero objetivo es restablecer el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente”, añadió Ana Matosantos, una de las integrantes de la JCF.

Según el Estimado de Base Revisado, el déficit que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico en los próximos 10 años “es tan grande que, aunque se eliminara toda la deuda (lo cual, desde un punto de vista legal y de equidad, no es una opción) los libros aún estarían en rojo”.

“La Junta de Control Fiscal cree firmemente que Puerto Rico tiene el potencial de salir de esta crisis en una mejor posición económica. [Somos] una herramienta que el Congreso ha dispuesto para potenciar que Puerto Rico pueda manejar esta crisis. Pero le corresponde al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico utilizar esta herramienta de manera correcta y efectiva para enfrentar los retos que tienen por delante”, dijo Carrión.

En la misiva, la JCF delinea una serie de medidas que entiende que el Gobierno de Puerto Rico debe considerar para lograr los siguientes tres objetivos:

1.Restablecer oportunidades y crecimiento económico mediante una serie de reformas estructurales a corto y largo plazo que den paso a una economía más competitiva;

2.Lograr presupuestos balanceados sostenibles, reestructurando el Gobierno y llevando a cabo los recortes presupuestarios necesarios, mientras se mantienen los servicios esenciales para el Pueblo de Puerto Rico;

3.Reestructurar las obligaciones a largo plazo a un nivel sostenible bajo un plan fiscal que cumpla con la Ley PROMESA—incluyendo reestructurar la deuda de Puerto Rico, reformar las pensiones y atender la insuficiencia de fondos para cumplir con sus obligaciones—y restablecer acceso a los mercados de capital.

Entre las medidas que la JCF urgió al Gobierno de Puerto Rico que considerara, figuran:

1.Reformas laborales y de asistencia social para acelerar la creación de empleos y asegurar que menos personas dependan de asistencia social y pasen a formar parte de la fuerza laboral;

2.Reforma energética para bajar el costo y aumentar la confiabilidad del sistema de energía eléctrica;

3.Reforma tributaria para disminuir el peso contributivo sobre los individuos y los negocios, aumentar los recaudos, revisar los gastos e incentivos contributivos, y crear un Departamento de Hacienda de Puerto Rico efectivo y eficiente;

4.Reforma regulatoria y de permisos, para maximizar la competitividad de la economía;

5.Alianzas Público-Privadas para desarrollar nueva infraestructura y reparar y mejorar la existente;

6.Reestructurar (al tamaño correcto) el Gobierno, para enfocarse en la calidad de los servicios básicos (como energía, salud y educación) mientras se eliminan servicios no-esenciales que el Gobierno simplemente no puede costear;

7.Ajustar (a los niveles correctos) los precios de los servicios del Gobierno, alineando lo que cobra por los servicios que ofrece con el verdadero costo de éstos, reduciendo o eliminando así los costosos subsidios que el Gobierno simplemente no puede costear;

8.Privatizar los activos del gobierno para que puedan ser manejados de forma más efectiva por el sector privado o el tercer sector, a la vez que se genera capital adicional para que el Gobierno invierta en infraestructura;

9.Reestructurar las obligaciones a largo plazo, incluyendo la reestructuración de la deuda y la reforma de los sistemas de pensiones;

10.Reformar los sistemas de educación y salud.

“No es el rol inicial o el deseo de la JCF determinar qué medidas o qué combinación de medidas Puerto Rico debe adoptar para lograr el balance fiscal estructural que requiere la Ley PROMESA. Nosotros podemos proponer iniciativas que el gobierno pudiese implantar para lograr ese objetivo. Proveeremos salvaguardas para asegurar cumplimiento, disciplina y que el gobierno se mantenga en curso, pero, en primera instancia, la encomienda de determinar qué medidas se van a implantar es responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Los oficiales electos tienen que asumir la responsabilidad que el pueblo ha descargado en ellos; necesitan actuar. Hacer menos de lo que hace falta o postergar la solución al problema ya no es una opción. Nosotros tenemos la encomienda en ley de analizar, evaluar y eventualmente certificar el Plan Fiscal. Y eso es lo que haremos. Si el gobierno fallara en proponer un plan fiscal certificable bajo la Ley PROMESA, entonces la Junta de Supervisión pudiese ir un paso más allá. Pero eso no es lo que la Junta quiere hacer”, manifestó Carrión.

Objetivos para el futuro de Puerto Rico a partir de la implantación efectiva del Plan Fiscal

Carrión enfatizó que el Plan Fiscal no es un mero ejercicio para lograr un presupuesto balanceado, sino que es un documento cambiante que provee unas guías para lograr objetivos concretos que hagan una diferencia en mejorar la vida de todos en Puerto Rico. “El Plan Fiscal es una guía para restablecer el crecimiento económico y lograr mayores oportunidades para el Pueblo de Puerto Rico dentro de los próximos 10 años y preferiblemente antes”, dijo.

Según la JCF, es importante que el Plan Fiscal incluya objetivos medibles o aspiraciones para Puerto Rico, como:

1.Volver a elevar el desempeño económico de Puerto Rico a un nivel consistente con el de una economía regional de Estados Unidos;

2.Aumentar la tasa de participación laboral;

3.Lograr que la mayor cantidad de padres y otros adultos hagan una transición de programas de asistencia social a la autosuficiencia y el empleo;

4.Mejorar la competencia en escritura, lectura, bilingüismo y ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de los estudiantes de K-12 encaminándolos, desde temprano, en ruta hacia: (1) trabajos disponibles en el mercado laboral o (2) la universidad, y proveer educación pública universitaria accesible, basada en la necesidad financiera;

5.Construir infraestructura moderna, eficiente y costo-efectiva que asegure que se le brinden servicios públicos de manera justa a cada región de la Isla;

6.Crear un sector empresarial vibrante;

7.Aumentar el ingreso promedio de las familias y reducir la pobreza;

8.Mejorar las estadísticas vitales de salud y el promedio de expectativa de vida;

9.Mejorar la seguridad y reducir los crímenes y muertes violentas;

10.Restablecer el crecimiento de la población en Puerto Rico.

Además, Carrión reiteró que la JCF está lista para trabajar conjuntamente con el Gobierno electo de Puerto Rico para desarrollar un plan fiscal certificable. Para estos efectos, dijo que se estaría comunicando con el gobernador electo Rosselló Nevares en los próximos días para discutir los pasos necesarios para lograr este objetivo antes del 31 de enero del 2017.

“Confiamos en que la Administración entrante comparta con la Junta de Supervisión el sentido de urgencia de colaborar rápida y contundentemente en este esfuerzo. La JCF está lista para asistir al Gobierno de Puerto Rico a definir las reformas estructurales necesarias, manejar sus obligaciones a largo plazo y reestablecer el crecimiento económico y las oportunidades para el pueblo de Puerto Rico”, concluyó Carrión.

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