La Alianza de Pacientes Pro Cannabis pidió hoy a la próxima secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que aclare a los pacientes que se benefician del uso medicinal del cannabis en Puerto Rico y al público cómo la posición que expresó recientemente a los medios en torno al cannabis afecta los derechos adquiridos por los pacientes bajo el Reglamento 8766 del Departamento de Salud.
“Antes que todo, le pedimos a la secretaria de Justicia entrante que tenga siempre presente que todas las noticias relacionadas al cannabis nos pueden generar mucha ansiedad, sobre todo cuando la noticia está relacionada al acceso digno al cannabis que utilizamos medicinalmente”, indicó Madeline Rivera Feliciano, presidenta de la organización y paciente de esclerosis múltiple.
Al respecto, sostuvo que “urge que explique en detalle a cuál orden ejecutiva se refirió recientemente, a la o OE-2015-35, que baja al nivel más bajo de prioridad la asignación de recursos para procesar criminalmente a los que posean cannabis para consumo personal, o a la OE-2016-045 que elimina el cannabis de la lista de sustancias controladas para los cuales serán examinados los empleados públicos, por qué entiende que la orden es contraria a la ley o que se impone sobre ella, y cómo, si en alguna forma, su posición en cuanto a la orden impacta los derechos reconocidos a los pacientes por el Reglamento 8766, por sus enmiendas o cualquier otro reglamento que próximamente lo reemplace”.
Por otro lado, Rivera expresó que “nos informaron que uno de los proveedores del curso de licencia ocupacional requerido para trabajar en la industria del cannabis, canceló esta semana el curso debido a que el Departamento de Salud acaba de sacar un reglamento nuevo y el proveedor debe adaptar el curso al nuevo reglamento. Si eso es correcto, también le pedimos a la secretaria de Salud que publique el nuevo reglamento inmediatamente en el portal cibernético del Departamento de Salud. Cuando lo leamos, esperamos encontrar que el reglamento nuevo es un paso de progreso hacia la eliminación de los discrímenes y de las medidas monopolísticas contenidas en el Reglamento 8766”.