Organizaciones reclaman a gobierno entrante respeto a derechos adquiridos

Piden respeto a derechos adquiridos de comunidades LGBTTIQ y de las mujeres de la isla

Por Metro Puerto Rico
Organizaciones reclaman a gobierno entrante respeto a derechos adquiridos

Unas 30 organizaciones reclamaron hoy que estarán al pendiente de que se garanticen los derechos adquiridos de comunidades LGBTT y de las mujeres en la isla.

“La equidad no es un balón político y quienes creemos en ella defenderemos las políticas públicas, órdenes ejecutivas, cartas circulares y todas las medidas que ya fueron aprobadas para adelantarla en nuestro país”, expresaron los líderes de más de 30 organizaciones de múltiples sectores en una conferencia de prensa convocada por el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) junto a la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

“Por segunda ocasión el tema de la perspectiva de género, la equidad y los derechos humanos logran crear un espacio amplio y diverso de concertación social para hacer un llamado al gobierno para que actúe a favor de medidas que crean las condiciones sociales necesarias para que las mujeres y las comunidades LGBTTIQ tengan al fin vidas seguras y plenas”, expresó Amárilis Pagán Jiménez, portavoz de CABE.

En febrero del 2015, ante la oposición pública de sectores conservadores a la perspectiva de género en la educación, decenas de entidades se unieron para exigir la firma de la carta circular sobre ese tema. 

“En 2013 nuestros esfuerzos lograron que se aprobaran las leyes 22 y 23. En 2015 logramos que se firmara la Carta Circular sobre Equidad en la Educación y durante los pasados años muchos de nuestros grupos de trabajo dieron seguimiento, apoyaron y defendieron medidas similares en múltiples agencias de gobierno. Las organizaciones que componen CABE y muchas organizaciones depositaron sus energías en adelantar derechos humanos para mujeres y personas LGBTTIQ porque reconocemos que son dos grupos que viven violencia, discrimen y pobreza por género, orientación sexual e identidad de género”, añadió Osvaldo Burgos, también portavoz de CABE.

Mientras, Pagán declaró que “esto no es un aplauso al gobierno y a la Asamblea Legislativa salientes. Los elementos conservadores que existen en ambas ramas de gobierno se dedicaron por cuatro años a sabotear estos procesos y al final, hubo medidas ejecutivas que realmente debieron ser legislación.  Sin embargo, reconocemos la importancia de las medidas administrativas que se trabajaron desde las agencias y desde la propia Fortaleza. Todas esas medidas deben ser respetadas y puestas en vigor por el Gobernador electo. Todas están relacionadas con derechos humanos y todas atienden aspectos vitales del ejercicio pleno de la ciudadanía de nuestra gente”.

“Estamos informando al país de todas estas medidas para que sepan qué derechos tienen ahora, qué programas o protocolos hay hoy para adelantar la equidad y para que los usen, los reclamen y los defiendan a partir del 2 de enero”, añadió Burgos.

A continuación la lista de disposiciones estatales y federales.

Medidas y adelantos más relevantes a nivel de Puerto Rico:

  1. Ley Núm. 22-2013, para establecer que ninguna persona puede ser despedida de su empleo por razón de su orientación sexual o identidad de género.
  2. Ley Núm. 23-2013, extendió la protección de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Domestica en Puerto Rico, a todas las personas en relaciones de pareja sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio.
  3. Ley Núm. 36-2013, enmendó la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos a los efectos de que se consideraran integrantes de la familia aquellas personas que cohabitan o dependen del empleado público, aunque no mantengan una relación marital.
  4. Boletín Informativo de Política Contributiva Núm. 15-13– El Departamento de Hacienda presentó un boletín para notificar que matrimonios entre personas del mismo sexo que hayan celebrado su unión bajo el ordenamiento legal de Puerto Rico, tendrán los beneficios y obligaciones establecidos en el Código de Rentas Internas para parejas legalmente casadas.
  5. Protocolo 12-2012-2013– El Departamento de Educación adoptó una carta circular para establecer el Procedimiento para la Implementación del Protocolo de Prevención, Intervención y Seguimiento de casos de acoso escolar o “bullying” entre estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico.
  6. Carta circular 19-2014-2015 del Departamento de Educación- Estableció la política pública de equidad de género en su currículo escolar.
  7. Carta circular 16-2015-2016–  Incluye disposiciones sobre el uso del uniforme escolar en el sistema público de enseñanza en Puerto Rico, en la cual se establece que no se impondrá la utilización de una pieza particular de ropa, a estudiantes que no se sientan cómodos con la misma por motivos de su orientación sexual e identidad de género.
  8. Carta circular 16-2015-2016- Indicó la política pública para establecer el procedimiento para la implementación del protocolo de prevención, intervención y seguimiento de casos de acoso escolar entre estudiantes de escuelas públicas de Puerto Rico
  9. Orden General 801 de la Policía de Puerto Rico (10 de diciembre de 2015), Interacción con Personas Transgénero y Transexuales– Creó Comités de Ciudadanos para identificar actuaciones, prácticas y áreas en las que dicho cuerpo deba mejorar. En los comités, participan representantes de la comunidad LGBTT.
  10. Orden General 624 de la Policía de Puerto Rico– Estableció un procedimiento para garantizar la seguridad, el respeto y la dignidad de las personas transgénero que son intervenidas por integrantes de la uniformada. Como parte de dicha orden, la Policía inició un proceso de capacitaciones para todo su personal.
  11. Orden Especial 2010-5 de la Policía de Puerto Rico– Estableció una política pública de no discriminación en dicho cuerpo de ley y orden así como el procedimiento para atender las Querellas de crímenes motivados por un prejuicio.
  12. OA-2015-08 del Departamento de Justicia- Estableció la Política de Equidad de Género del Departamento de Justicia de Puerto Rico.
  13. OE 2015-021– Promueve el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo en Puerto Rico. El Registro Demográfico adoptó nuevos formularios para atemperar sus procedimientos de conformidad con la referida orden ejecutiva.
  14. OE 2015-028– Ordenó a la Secretaria de Salud tomar las medidas necesarias para auditar y fiscalizar el cumplimiento de las instituciones médico-hospitalarias con la legislación vigente, de forma tal que dichas instituciones no discriminen contra un paciente transgénero o transexual que acuda a sus instalaciones para recibir atención de emergencia médica.
  15. OE 2015-029– Ordenó al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas permitir y regular el procedimiento para el cambio de género en las licencias de conducir. Como resultado, se diseñó el formulario para la solicitud del cambio de género en las licencias de conducir y se inició un proceso de capacitaciones para todo el personal.
  16. OE -2016-041– Ordenó al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, a través de OSHA Puerto Rico, orientar a las agencias de la Rama Ejecutiva y los patronos privados sobre la Guía para Acceso a Baños para Empleados Transgénero y Transexuales.
  17. Protocolo de Cumplimiento, Educación y Capacitación sobre la Política Pública de Erradicar el Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género del  Departamento del Trabajo y la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asunto Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

 

Medidas y adelantos más relevantes a nivel federal:

  1. Obergefel v. Hodge (26 de junio de 2015)- Legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y es aplicable en Puerto Rico.
  2. Guía para identificar y prevenir el discrimen por género en los procesos del Departamento de Justicia Federal– Incluye disposiciones para las comunidades LGBTTIQ
  3. Guías interpretativas del Título IX para prohibir discrimen por identidad de género el sistema educativo– Emitidas en mayo de 2016 por la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal.
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