El gobernador Alejandro García Padilla firmó tres órdenes ejecutivas, una de ellas excluya la marihuana de los Programas para la Detección de Sustancias Controladas en las agencias del gobierno. Se indicó en un comunicado oficial que se trata de un paso adicional en el establecimiento del programa de cannabis medicinal en la Isla.
Mediante otra orden ejecutiva el mandatario dispuso que las agencias bajo la Rama Ejecutiva excluyan de sus Programas para la Detección de Sustancias Controladas la marihuana. Sin embargo, esta directriz no aplica a los candidatos o aspirantes a empleo en el gobierno, ya que en estos casos, la prueba para la detección de sustancias controladas es de carácter obligatorio.
“Este decreto reafirma el interés de la actual administración por continuar tomando acciones concretas y nuevos enfoques dirigidos a la reducción de las sanciones formales por el uso personal del cannabis. En cumplimiento con la política pública establecida por esta administración en el procesamiento de casos por posesión de marihuana, donde se establece que los mismos no son prioridad para el estado, esta nueva orden reitera el compromiso de este gobierno de reenfocar los recursos legales del estado”, lee el comunicado de La Fortaleza.
Otra de las órdenes instruye a los jefes de las agencias concernientes al pleito Morales Feliciano a adoptar las medidas y suscribir los acuerdos de colaboración dispuestos por el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación tras el acuerdo de transacción logrado. Como parte de este acuerdo, se concederán una serie de beneficios por un año a los confinados encarcelados después de 1980 pero antes de 1987 que en el pasado se vieron afectados por las condiciones de las instituciones carcelarias de Puerto Rico.
Las agencias y corporaciones públicas que participarán en la otorgación de estos beneficios son el Departamento de Educación, el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de la Vivienda, el Departamento de Salud, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Estado, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad Metropolitana de Autobuses.
De otra parte, con el objetivo de reenfocar la utilidad de las propiedades en desuso del Departamento de Educación y destinarlas a actividades que redunden en mayor beneficio de las comunidades y de la economía del país, el primer ejecutivo dispuso la comercialización anual de estos espacios. De esta forma, esta orden ejecutiva atiende la pobre planificación urbana y la construcción desmedida, así como el gasto innecesario en arrendamientos por parte de las agencias, municipios y demás instrumentalidades gubernamentales. Consecuentemente, el secretario del Departamento de Educación (DE) deberá presentar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Tierras (AT) el inventario de las propiedades disponibles para venta el último día laborable del mes de julio de cada año. Posteriormente, el DTOP localizará las propiedades con el fin de determinar que estas no sean de uso público y que se encuentran en condiciones para ser vendidas. Finalmente, la AT se encargará del proceso de mercadeo y venta. El beneficio de estas ventas será transferido al DE para ser utilizado en la reparación ya condicionamiento de los planteles escolares.