Austeridad de la Junta de Control Fiscal tocará el sector privado

Expertos señalan que las medidas de la Junta de Control Fiscal tendrían un impacto en todos los sectores de la economía local.

Por Sarah Vázquez

La economía de Puerto Rico lleva más de diez años en contracción. Durante este periodo, la fuerza laboral ha descendido en un 20 % y la población va en descenso como consecuencia de la emigración.  Es bajo este tétrico escenario que la Junta de Control Fiscal (JCF) se apresta a ejecutar una política de austeridad.

De acuerdo con el economista Francisco Catalá, la combinación de la situación actual con las medidas de recortes de gastos son la receta perfecta para agravar aún más el panorama fiscal. “Una política de austeridad en una economía que está contrayéndose contribuye a que la misma  se contraiga más y que todos los problemas enumerados  se acentúen”, dijo el experto.

Aunque aún hay incertidumbre en torno a qué áreas del Gobierno serían las víctimas de la política de austeridad de la JCF, Catalá expuso “obviamente va a recaer sobre el fondo general, en el que hay tres partidas principales. Cuando uno las agrega,  son la nómina, los subsidios e incentivos a organizaciones no gubernamentales y el servicio de la deuda. Sobre el servicio de la deuda no parece que vaya a caer, porque parece que quieren reducir gastos para pagar deuda. Entonces recaerá sobre la nómina y los servicios que da el Gobierno y sobre las partidas para organizaciones no gubernamentales”.

Ante esto, el economista subrayó que el panorama deja al  Gobierno sin grado de libertad de operación y que a eso se suma que, desde la instancia federal, no parece haber mucha voluntad de ayudar, por lo que las posibilidades de superar la crisis se minimizan. 

De hecho, Catalá recordó que en la pasada reunión del ente federal, que se llevó a cabo en el hotel El Conquistador en Fajardo, Andrew Wolfe, de la firma Anne Kruege, expuso que Puerto Rico no es un país soberano. No tiene acceso al fondo monetario internacional para préstamos. No tiene acceso al Banco Mundial para financiar obra pública y “ustedes (la Junta) prácticamente lo están dejando sin salida, porque le están cerrando el acceso a las instancias federales”.

Por su parte, José Alameda, economista y planificador, opinó que, aun con la implantación de recortes en las arcas gubernamentales, “la situación todavía es crítica” ante la posible pérdida de fondos del Affordable Care Act y los recaudos que se perderían con la eliminación de la Ley 154, la que  fija un arbitrio de 4 % a las empresas foráneas y llega a su fin en 2017.

“Puerto Rico necesita que no eliminen la Ley 154 e inclusive que en  vez de 4 % lográramos tener un punto adicional. Si fuera así, tendríamos $2,400 millones de ingresos y que no nos eliminaran los fondos del Medicaid. También hay que negociar con los bonistas poniendo un bite grande, que debería ser de un 25 %. Eso sería un escenario ideal”, aseveró Alameda.

El análisis de Alameda parte de los números proyectados para el año fiscal en curso.

Este explicó que los recaudos de julio a octubre significan $2.8 mil millones. En promedio, quiere decir que el Gobierno debería tener ingresos netos para el fondo general $8,400 millones. A esta cifra hay que restarle los $1,900 millones que se allegan bajo la Ley 154 y los $1,800 millones del Obamacare. Ante esto, quedarían unos $4,700 millones para pagar de los que $1,200 millones irían al pago de los suplidores, mientras que $1,500 se destinarían a los bonistas.

“Por lo tanto, si hacemos la matemática, nos quedarían como $2,000 millones. ¿Podrá Puerto Rico operar con un presupuesto de $2,000 millones?”, preguntó el economista, al tiempo que dijo que pagar se hace imposible “con este escenario”.

Alameda entiende que las medidas de austeridad podrían enfocarse en la reducción de agencias, cortar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y disminuir la aportación a los sistemas de retiro.

Golpe al sector privado

Ambos economistas coinciden en que las medidas de austeridad se harían extensivas a la industria privada, pues hay una dependencia de los proyectos a nivel gubernamental para asegurar su operación. “Si el sector público no tiene fondos para realizar la inversión, el sector privado se torna tímido, por utilizar una expresión. Así que ahí va a haber un gran efecto”, precisó Catalá.

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