JCF señala que no es “realista” plan fiscal sometido por el gobierno

Además, informó que la fecha de ratificación final de la medida será el 21 de enero.

Por Inter News Services

La junta de control fiscal federal, reunida desde esta mañana en un hotel de Fajardo, señaló hoy que no es “realista” el plan fiscal sometido por el gobierno de Puerto Rico, adelantó que los fondos federales que se esperan no son seguros e informó que la fecha de ratificación de la medida será el 21 de enero.

El organismo federal de siete miembros sesiona, que maneja las finanzas de la isla por mandato de la ley federal Promesa, sesionó para abordar el plan fiscal y escuchar a varios deponentes.

Andrew Biggs, José Carrión III, Carlos García, Arthur González, José González, Ana Matosantos y David Skeel se reunieron por primera vez en Puerto Rico bajo un amplio operativo de seguridad, que incluye a unos 500 policías uniformados y de civil.

Las medidas están dirigidas a resguardar a los integrantes del organismo federal que persigue garantizar que Puerto Rico cumpla con los acreedores de su deuda pública superior a los 68 mil millones de dólares, a la vez que se contemple una reorganización de sus finanzas en medio de una crisis fiscal que tiene al gobierno en la insolvencia.

Diversas organizaciones políticas y sindicales han respondido al llamamiento del Campamento contra la Junta de Control Fiscal, levantado frente al edificio federal en Hato Rey, para realizar una “manifestación contundente” frente al hotel El Conquistador.

En ese escenario, la junta de control fiscal realizó su reunión en la que Matosantos admitió que “recortes adicionales tienen que ocurrir” y que los fondos federales que contempla el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico “no van a venir a corto plazo”.

Ante la situación, estableció que “el balance fiscal es crítico para tener un balance real en la democracia. Hay quetrabajar en opciones y tener información clara”.

Mientras, Skeel opinó que el plan fiscal presentado fue “un buen primer borrador; un buen punto de comienzo”, aunque advirtió que el plan “presume mucha ayuda del gobierno federal, pero qué pasa si no nos dan esa ayuda”.

Al respecto, el presidente de la junta, Carrión, se mostró preocupado por “las presunciones que se han hecho. Puerto Rico probablemente no va a recibir ese dinero que está pidiendo (en el plan fiscal). Uno tiene que ser realista cuando planifica”.

Así, anticipó que “alguna reestructuración se va a ser, de ser necesaria”.

El organismo federal informó que el 23 de noviembre próximo será el último día que a junta recibirá comentarios acerca del plan fiscal, mientras que la semana del 5 de diciembre será de “trabajo” y la del 15 de diciembre se espera que reciba otra versión del plan fiscal.

El 21 de enero será la fecha final para la ratificación final del plan fiscal

Antes de esa fecha, la junta estableció que el plan no debe depender de fuentes de ingresos adicionales a las actuales.

Entre los deponentes de la sesión de hoy, se contaro a Christian Arvelo Forteza, estudiante de Derecho y Administración Pública, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y exmiembro de la junta de gobierno de la casa educativa; Joaquín Villamil, director de Estudios Técnicos;  Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico; Nestor Ortiz, representante de la industria farmacéutica; Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico;  Eric LeCompte, director ejecutivo Jubilee USA; Alicia Lamboy, presidenta electa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico; y Andrew Wolfe, de Anne Krueger & Assoc.

También estuvo presente el secretario de Estado, Víctor Suárez, y representantes de la Representante de firma asesora Conway Mackenzie (se indicó que Carrión se invitaron a representantes sindicales, pero no aceptaron participar en la reunión).

La firma asesora informó que el monto de cheques impresos, pero no liberados por el gobierno a suplidores, alcanza los 429 millones de dólares.

Mientras, las cuentas por pagar suman alrededor de 1,900 millones.

Además, se indicó que el gobierno ha financiado parte de sus operaciones gracias a que ha retenido pagos a sus suplidores y los reintegros.

Igualmente, la firma asesora alertó que para el año fiscal 2018 hay riesgos para los fondos de salud, arbitrio a las foráneas y las pensiones…

Asimismo, estableció que el déficit del presente año fiscal podría situarse entre los 2,181 y 3,000 millones de dólares.

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