Juez federal Besosa mantiene moratoria en demanda conjunta

Una demanda consolidada de cuatro grupo de bonistas solicitó al Tribunal federal detener la moratoria de los litigios, pero el juez Besosa falló a favor del ELA. Además, deniega la intervención de la junta en los litigios.

Por Karixia Ortiz

El juez del Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico Francisco Besosa determinó mantener la moratoria en virtud de la Ley federal Promesa y la Ley de Moratoria en el caso de los cuatro grupos de bonistas demandantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, rechazó la solicitud de intervención de la Junta de Control Fiscal en el proceso.

La Opinión del juez Besosa, concentrada en 55 páginas, concluyó que “la moción de la Junta de Supervisión para intervenir en estas acciones consolidadas es denegado”. También, concluyó que “Las solicitudes de los demandantes para dejar sin efecto la ley PROMESA se suspende automáticamente de conformidad con la sección 405 (e). Sin embargo, el Banco de los Estados Unidos podrá proceder a desembolsar su cuenta de reserva a los tenedores de bonos UPR de acuerdo con los acuerdo de confianza.

Los demandantes del ELA en este caso fueron Brigade Leveraged Capital Structures, National Public Finance Guarantee Corporation, el U.S. Bank Trust National Association y Dionisio Trigo.

Según el abogado federal John Mudd las moratorias o “stays” en los litigios se podrán mantener, según la leyes vigentes, hasta el 15 de febrero de 2017 o hasta el 1ero de mayo del mismo año.

Por su parte el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla se mostró complacido con la determinación del juez Besosa.

“Estoy muy complacido con la determinación del tribunal federal que, una vez más, valida nuestros reclamos sobre la necesidad de mantener en vigor la paralización de demandas de acreedores. Con ese resultado favorable en este importante caso -que requirió dos días de vistas evidenciarias y decenas de alegatos sustantivos contra múltiples demandantes, incluyendo fondos buitres- logramos mantener la operación del gobierno durante el futuro inmediato, a tenor con las medidas implementadas bajo la Ley de Moratoria”, dijo el primer mandatario.

Agregó que para poder garantizar que el gobierno siga proveyendo servicios a la ciudadanía al vencer el periodo de paralización de demandas dispuesto en PROMESA, el próximo 15 de febrero de 2017 “es indispensable que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe, sin dilaciones adicionales, nuestro Plan Fiscal y trabaje con el nuevo gobierno en la radicación de un caso de reestructuración de toda la deuda, conforme con el Título 3 de PROMESA. Nuestro Plan Fiscal no solo garantiza el funcionamiento del gobierno y la reestructuración de la deuda, sino que también protege a nuestros pensionados, a los empleados públicos y a la Universidad de Puerto Rico”.

 

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