En medio de referidos investigativos a la Oficina de Etica Gubernamental, la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y hasta a las autoridades federales, el director del Sistema 9-1-1 Juan Gabriel Morales renunció a su cargo, según fuentes de la agencia Inter News Service (INS).
La Junta de Gobierno de la agencia de seguridad convocó una reunión de emergencia esta tarde para atender la situación.
La Junta la preside el superintendente José Caldero López.
Una serie de reportajes exclusivos de INS muestran graves irregularidades administrativos y gerenciales en esa agencia. El ánimo de los empleados, según aseguran internamente, es de decaimiento debido a que, entre otras razones, se ha dado permanencia a trabajadores que acaban de llegar o llegaron por convocatorias de solo hace unos meses, mientras que a telecomunicadores transitorios con hasta siete años de experiencia se les negó el derecho a solicitar la permanencia en la convocatoria y la permanencia.
Por otro lado, hace poco el 9-1-1 firmó un contrato de sobre $800,000 para obtener una app, que inclusive una auditoría interna de la agencia tildó de contraproducente para los sistemas de emergencia que ya maneja.
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Ese contrato alegadamente venía bendecido por La Fortaleza, en cuyas páginas promocionales figura el contratista.
La auditoría interna de hace un año evidenció esta y otras irregularidades, sin embargo, la Junta del 9-1-1 decidió remover a la auditora y no atender los hallazgos.
Igualmente hay beneficios de transportación, prohibidos por la Ley 66, que continuó utilizando el director ejecutivo, y posicionando personal, incluyendo bajo la sombra del nepotismo, se afirmó en la auditoría, entre otros hallazgos de gastos alegres, comidas y uso imprudente de los fondos en momentos de crisis fiscal generalizada.