Tribunal Supremo confirma la constitucionalidad de la Ley de Armas

Por EFE

El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) reiteró que la Ley de Armas se ajusta a la Constitución tras rechazar una moción de los demandantes del caso “Jonathan Rodríguez, et al v. ELA” en la que los peticionarios solicitaban la impugnación de la constitucionalidad de los requisitos que impone la norma.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico informó a través de un comunicado difundido hoy de la decisión del alto tribunal sobre una norma que establece una serie de requisitos a cumplirse por quienes solicitan licencia para poseer y portar armas de fuego en la isla caribeña.
La sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de junio de 2015, había declarado inconstitucional los artículos relacionados al procedimiento de licenciamiento que rigen el proceso para poseer y portar armas de fuego.
Entre los requisitos que se pretendían invalidar está la edad mínima de 21 años para poseer armas y el proceso de indagación y entrevistas que actualmente evita que adictos a drogas, ebrios habituales, personas con historial violento y ciudadanos que tengan órdenes de protección en su contra, tengan acceso a armas de fuego.
“Las armas legales deben estar en manos de personas que estén capacitadas para poseerlas. Eliminar los artículos propuestos de la ley hubiera abierto la puerta a cualquier ciudadano a obtener un arma de manera indiscriminada, lo que representa un riesgo incalculable a la seguridad pública”, señaló el secretario de Justicia, César Miranda.
Mediante determinación del Tribunal de Primera Instancia de Salinas de junio de 2015, del juez Aníbal Lugo Irizarry, se había ordenado que en sustitución del proceso administrativo establecido en la Ley de Armas todo comprador debía optar por el proceso de registro de armas promulgado en la ley federal.
El alto tribunal de apelaciones revocó ese fallo tras acoger un recurso de apelación presentado por el Departamento de Justicia y determinó que la ley es constitucional y no infringe el derecho a portar armas.
El Estado prevaleció en el argumento de que la jurisprudencia federal establece claramente que Puerto Rico tiene autoridad para regular el procedimiento de adquisición y porte de armas de fuego con el fin de velar por la seguridad y bienestar de la ciudadanía.

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