Controversias pendientes en la CEE en la recta final

Elecciones. En el último tramo de la carrera electoral, resulta difícil identificar el “voto importado”.

Por Metro Puerto Rico

A una semana de las elecciones, quedan varios asuntos pendientes por resolver entre los partidos políticos y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Uno de ellos es la maniobra de importar de puertorriqueños domiciliados en Estados Unidos para votar el próximo 8 de noviembre, tal como denunció el secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Echevarría, quien alertó del alegado fraude electoral conocida como la Palma Air Lines, motivado por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El Penepé se ha embarcado en la tarea para identificar personas no residentes en Puerto Rico y le pagan pasajes para que voten, […] importando electores para tratar de prevalecer en las elecciones. […] Nos topamos con un burdo intento de cometer fraude”, sostuvo Echevarría.

Sobre el particular, el director de campaña del PNP, Elías Sánchez, negó a Metro el presunto fraude, al señalar que la denuncia es “lo más absurdo que he escuchado en mi vida”. “Me parece una de las denuncias mas ridículas y absurdas que ha hecho un partido político en la historia”, reaccionó Sánchez. “¿Cuántos electores tendrías que importar para poder cambiar los resultados de una elección? Es el planteamiento más absurdo”, cuestionó.

Echevarría precisó que es difícil identificar a las personas que acceden a estos alegados acuerdos. No obstante, se comunicaron con la fiscalía federal y con el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, para que contacten a las autoridades de algunos estados de Estados Unidos para que “acrediten a las personas”.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, sostuvo que la determinación judicial de activar automáticamente a los electores que participaron en las elecciones de 2008 “complica el panorama” de poder identificar a los electores que no vivan en la isla y acudan a votar. “Con la determinación judicial de principios de año se complica el panorama. Estamos hablando de un potencial de 700 mil electores, aunque claro no todos viven fuera del país”, expresó Aponte.

Según el comisionado del PIP, el proceso de recusación ocurrió a principios de este año entre enero y abril, y admitió que “en comparación con elecciones previas, fue bien reducida”.
El excomisionado del PPD Gerardo Cruz recordó que “el último año de mucha recusación fue en el 2000. Después de ese año, las recusaciones han caído al mínimo”. Manifestó que, si un puertorriqueño domiciliado en algún estado vota en la isla, “es inmoral porque plantea el problema de un hombre, un voto”.

De otro lado, hoy los comisionados electorales tendrán una reunión para determinar si llevarán máquinas de escrutinio electrónico a las cárceles. También la jueza Aileen Navas emitirá un informe con recomendaciones al Tribunal Supremo para resolver la controversia del voto de los encamados.

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