Nuevas revelaciones en caso de voto encamados

Evidencia. En las solicitudes había una persona fallecida y un decano de la UPR cuya petición establecía que no sabía leer ni escribir.

Por Lyanne Meléndez

La jueza Aileen Navas Auger, del Tribunal de San Juan, deberá brindar mañana un informe con recomendaciones al Tribunal Supremo para resolver la controversia que se desarrolló con el voto de los encamados.

El abogado que representa a la comisión del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Luis Enrique Romero, indicó que la jueza “tiene un mandato del Tribunal Supremo de hacer unas determinaciones de los hechos, un análisis del derecho aplicable y una recomendación”.

El Supremo puede acoger íntegramente, parcialmente o rechazar las recomendaciones que haga Navas Auger.

Según el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Guillermo San Antonio Acha, el próximo miércoles deberán someter un escrito en el que reaccionen a las recomendaciones hechas por la jueza.

En la sala 907 del Tribunal de San Juan concluyó ayer la vista evidenciaria del pleito que han llevado los comisionados del PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges.

Sobre el saldo de la vista, el comisionado del PPD manifestó que “hemos visto el mismo patrón, médicos que no conocen a los pacientes. Muchos de esos electores no pidieron votar encamados”.

“Trataron de explicar cómo pueden visitar en un área rural a 80 pacientes en dos horas. Eso es imposible. ¿Cómo en dos horas voy a ver 80 pacientes? Tendría que haberlos visto en dos minutos cada visita, sin contar el tiempo que le tomó llegar a la casa. Es matemáticamente imposible”, añadió San Antonio Acha.

Por su parte, el comisionado del PNP señaló en un receso de la vista que “se han traído los médicos aquí para que ellos declaren que sí lo pueden hacer”.

La comisionada electoral del PPD en Aibonito, Elba Rivera, testificó ayer cuando señaló que objetó 50 solicitudes del médico Francisco Fontanet, al destacar que eran todas del mismo día.
La otra testigo fue Ana María Faget, doctora en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, quien, a preguntas de la abogada Kendys Pimentel, admitió que un documento de la CFSE establecía que no había notificado que iba a continuar en su práctica privada. Indicó que había ido, junto con un funcionario de colegio del PNP, a visitar varias casas en Orocovis, donde manifestó que observaba a los pacientes y les hacía una serie de preguntas para establecer si los certificaba o no.

Los abogados acordaron excluir a una persona muerta que aparecía en las solicitudes, así como 98 solicitudes del precinto 49 de Sabana Grande y 80 del precinto 27 de Arecibo.

Sobre el particular, el comisionado electoral del PPD en Jayuya, Adrián Bennett, dijo a la prensa que “cuando verificamos, en la firma del elector hicieron una X y firmaron con un testigo”.

Reveló que se trataba del médico Juan Román Vega, al señalar que “a mí me gustaría ver cómo fue que el médico lo pudo atender”.

“Si fuera una equivocación, uno se puede equivocar en el número, pero toda la información que presenta la solicitud es de la persona fallecida. Estamos viendo Walking Dead en vivo”, expresó Bennett en referencia a la serie de televisión.

Según el excomisionado electoral de la Pava Gerardo Cruz, uno de los que aparece en las peticiones de voto encamado en Jayuyaes David Helfeld, quien se ha destacado como decano de la Escuela de Derecho de la UPR. “En su certificación aparece que no sabe leer ni escribir”, señaló sobre Helfeld, quien fue monitor federal en el caso Morales Feliciano.

Cruz indicó a Metro que la controversia surge luego de que en 2014 se enmendara la ley para “precisamente precaver lo que había ocurrido en las elecciones pasadas” cuando se dieron a conocer casos en los que dueños de centros de envejecientes hacían las solicitudes en nombre de los ancianos sin el consentimiento de ellos. Una de las enmiendas fue que un médico de cabecera tenga que certificar al paciente, lo que es objeto de discusión en pleito del voto de los encamados.

Otra discusión que está por verse hoy es que los comisionados se reunirán para decidir si llevarán las máquinas de escrutinio electrónico a las cárceles, según confirmó el comisionado del PIP, Roberto Iván Aponte.

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