Ante lo que describió como una “crisis de medicamentos expirados”, el representante Ángel Peña Ramírez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), reclamó hoy al gobierno el establecimiento de un programa para su decomiso, manejo y disposición.
“Desde 2015 hemos dado la batalla para que el gobierno adopte, formalmente, un programa de descarte de estos medicamentos; lamentablemente, al día de hoy, todavía nada ha sucedido”, manifestó Peña Ramírez.
El legislador del opositor PNP aseguró que en el país “existe una gran crisis con la cantidad enorme de medicamentos expirados que no se decomisan adecuadamente”.
Advirtió que ante la gran cantidad de medicamentos, medicinas o fármacos dañados, expirados o deteriorados, se hace necesario establecer un protocolo central que corrija esta deficiencia.
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El representante por Las Piedras, Juncos y San Lorenzo presentó en 2015 el proyecto de la Cámara 2441, el cual enmienda el Artículo 12 de la Ley 81 de 1912, a los fines de obligar a la Secretaria de Salud crear un programa para ser instituido en cada una de las oficinas regionales de dependencia.
El reglamento también tendrá que ser publicado en la página de Internet de la dependencia, de modo que la ciudadanía pueda orientarse sobre el proceso de descarte de medicinas.
Refirió que, de tiempo en tiempo, el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) realiza en Puerto Rico un recogido de medicamentos expirados, no usados o no requeridos en los hogares.
Estos recogidos se realizan, entre otras razones, debido al problema del consumo por adolescentes de medicamentos controlados, muchos de los cuales se encuentran disponibles en los botiquines de sus correspondientes residencias.
“Esto se hace por la falta de un protocolo central a seguir; esta medida corrige esa deficiencia”, indicó Peña Ramírez.
A pesar de la necesidad apremiante de este tipo de medida, se quejó, la Legislatura no le dio la importancia que la misma requiere.
Según estimados de la DEA, el consumo de estos medicamentos es tan alto que casi ha desplazado el uso de la marihuana como sustancia ilícita de iniciación al uso de drogas.
“Lamentablemente, según los conocedores del tema, los ciudadanos mayormente se deshacen de estos medicamentos echándolos por el inodoro o en la basura, la primera práctica contamina los acuíferos y la segunda, además de aumentar la toxicidad de los vertederos, se presta para que delincuentes los saquen de la basura para su consumo o venta”, añadió.
El portavoz de la delegación del PNP en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes recalcó que desde el año 2003, proyectos parecidos a este han sido implantados en decenas de estados de la unión norteamericana y todas estas legislaciones creadas tienen un fin común aunque se establecen bajo agencias y mecanismos distintos.
“Junto al claro beneficio al medio ambiente, esta iniciativa contribuye a modificar las conductas ciudadanas y evita la acumulación de restos de medicamentos en los botiquines caseros”, dijo el legislador.
Aseguró que esta práctica sirve para frenar la automedicación y disminuye los riesgos derivados del uso de medicamentos en mal estado.
“Este proyecto de ley atiende asuntos fundamentales de salud pública, como lo es la protección de nuestras aguas, reducir casos de envenenamiento accidentales, reducir el acceso y uso ilegal de medicamentos, desalentar y reducir actividades delictivas relacionadas y reducir el desperdicio médico, entre otras cosas”, resumió Peña Ramírez.