Telecomunicadores transitorios 9-1-1 sienten engaño por "atornillados"

Mucho más de 40 telecomunicadores del Sistema 9-1-1 se sienten engañados por el director ejecutivo Juan Gabriel “Juangui” Morales Vargas, y se sienten frustrados por no haber logrado su permanencia en el puesto luego de estar sobre cinco años ocupándolo, mientras se abrían convocatorias para 25 plazas que se reservaron para empleados que llegaron a la agencia bajo esta administración y nuevos solicitantes de fuera.

Varios de los telecomunicadores conversaron, de manera separada, con la agencia Inter News Service (INS) a cambio de que no se revelara sus nombres por temor a represalias. A todos los une el mismo sentimiento de frustración por no lograr la permanencia  en su puesto, aunque unos 42 telecomunicadores transitorios llevan entre 5 y 7 años ejerciendo sus funciones.

Las fuentes indicaron que Morales Vargas los reunió en algún momento hace varios meses para indicarles que la Ley 89, para dar permanencia en el trabajo a los transitorios, les aplicaba y les instruyó para que no solicitaran en las convocatorias que abriría la agencia para los nuevos puestos de telecomunicadores.

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En un estilo amenazante, dijeron las fuentes, se les dijo que si solicitaban tenían que renunciar al puesto que ocupaban, y no se les garantizaba que fuesen seleccionados en la convocatoria. A fin de cuentas, sería él mismo quien seleccionaría los nuevos empleados, dejó ver. “Yo escojo a quien me de la gana”, habría dicho, según una de las fuentes.

“Juan Morales ha sido y continúa siendo una amenaza para la seguridad del pueblo y el sistema de emergencias 9-1-1”, sostuvo Luis Benítez, presidente de la unión CWA-Local 3010, que agrupa a los empleados permanentes de esa agencia, pues no se permite la sindicación de los transitorios.

Algunos de los telecomunicadores llegaron a sentirse amenazados e intimidados para no solicitar. De hecho, Morales Vargas les “obligó” a firmar un documento en el que ellos “voluntariamente” desisten de solicitar en las convocatorias.

También les amenazó con declarar nulos sus nombramientos transitorios y dejarles sin empleo si no demostraban una “certificación” de que eran bilingües, español-inglés, indicaron las fuentes.

Muchos firmaron el documento por el que declinan sus derechos sin tener una idea clara del alcance de lo que firmaban, no se les permitió consultar con abogados o personas con conocimiento.

“Bajo engaño firmamos el documento”, aseguró una de las personas entrevistadas por INS.

A los que no firmaron se les amenazó e “insultó”, dijeron las fuentes, y en otras, cuando las “aclaraciones” no satisfacían a lo empleados porque el propio Morales Vargas parecía confundido, este terminaba abruptamente la reunión.

Luego, abiertas las convocatorias, solo se les permitió participar a los empleados que llegaron bajo su administración, con menos de uno o dos años en el puesto transitorio, y muchos de los cuales habían sido adiestrados por aquellos con entre cinco y siete años que aun ocupan un cargo de manera transitoria.

Ningún telecomunicador transitorio con más de cinco años en la agencia y que se atrevió a solicitar la convocatoria, fue seleccionado ni siquiera para entrevista.

“Esas convocatorias fueron para atornillar gente”, y no para dar justicia a los veteranos empleados, aseguró una de las personas perjudicadas, y todas las fuentes coinciden.

Benítez indicó que sobre 32 empleados han sometido sus documentos y cumplen o exceden los requisitos del puesto, según requiere la Ley 89 y la reglamentación de Ocalarh. “Me parece que no hay excusas por parte de Morales para no nombrar a estos compañeros” en violación a la ley.

“Pero esto no es nuevo, el año pasado Morales le negó la permanencia a los empleados transitorios que bajo un acuerdo con la administración anterior, debieron haber sido nombrados en puestos permanentes, bajo la excusa de que tal acuerdo no existía, pese a que está en el Convenio”, agregó el sindicalista en declaraciones escritas enviadas a INS.

Los beneficios que obtendrán los empleados reclutados por la convocatoria serán mayores que los trabajadores que logren entrar por Ley 89, aunque son estos los que tienen la experiencia y los años.

Las fuentes coinciden en que hay discrimen político pues el director Morales Vargas debe suponer que todos aquellos reclutados antes de esta administración son pertenecientes al mayor partido de oposición.

Recientemente un tribunal federal embargó las cuentas del municipio de Ciales por no pagar una deuda con empleados que fueron discriminados por motivaciones políticas.

Recientemente el expresidente de la Cámara de Representantes Jaime Perelló transó un caso, que fue sellado, también por discrimen político. No se sabe el monto que deberá pagar a los discriminados.

El portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, igualmente negoció un caso, que también fue sellado, por discrimen político cuando dirigía la Oficina de Asuntos de la Juventud en la década de 2000. En ese caso el gobierno pagó casi medio millón de dólares por el discrimen, supo INS. El caso de Ciales suma sobre un millón.