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Reducen sobre $28 millones en deuda de residenciales públicos con AEE

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Treinta mil abonados de los residenciales públicos lograron acuerdos de pago con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a raíz de los esfuerzos implantados a través de la Ley 22-2016 y el proyecto Ponte al Día, evitando así la interrupción de servicio y el desahucio por parte de la Administración de Vivienda Pública.
 
El senador autor de la Reforma de Subsidios Energéticos, Ramón Luis Nieves, anunció una reducción de $28.3 millones de dólares en la deuda de los clientes de los residenciales públicos con la AEE, lo que representa el 66.75 por ciento de la deuda.
 
El director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana, explicó que en noviembre de 2015, 39,152 clientes de residenciales públicos con un balance pendiente en retraso de 60 días o más adeudaban $42.4 millones a la AEE.

Aprobada la Reforma de Subsidios Energéticos, y el proyecto Ponte al Día, para agosto de 2016 esa deuda se redujo a $14.10 millones.
 
“Por culpa de la falta de voluntad del estado y las utilidades, pude ver facturas de residentes con deudas hasta de $10 mil dólares. La Ley 69-2009 fue mal implantada, y provocó un desorden institucional que expuso a más de 30 mil familias a ser desahuciadas de sus viviendas en los residenciales”, expresó el senador Nieves, quien representa el distrito con mayor concentración de residenciales públicos.

La AEE explicó que realizan esfuerzos para lograr acuerdos de pago con los 9,647 abonados que aún no lo han hecho. La mayor parte de estos están concentrados en la región de Carolina.

Se informó que personal de la Autoridad se encuentra orientando a los clientes de Carolina, Canóvanas, Fajardo, Rio Grande, Trujillo Alto y Vieques, entre otros.
 
La nueva Ley ordena además, a la Administración de Vivienda Pública y al Departamento de la Familia a entrar en convenios con la AEE y la AAA para transferirle directamente a dichas entidades, y no a los abonados, los millones de dólares recibidos por programas federales de subsidios energéticos.

Por su parte Quintana dijo que “hemos implantado una nueva estructura administrativa enfocada en mejorar los procesos de facturación y de cobro a nuestros clientes. En el caso de los clientes de residenciales públicos, a pesar de los subsidios aprobados en el pasado, la gran mayoría mantenía en morosidad sus cuentas con la Autoridad”.

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