Acusados en caso Anaudi buscan ayuda celestial

El jurado federal que atiende el caso por corrupción gubernamental contra el exrecaudador del Partido Popular democrático (PPD), Anaudi Hernández y otros cuatro coacusados se retiró a deliberar el miércoles cerca de las 11:40 de la mañana.

Según trascendió, el juez Pedro Delgado Hernández del Tribunal Federal en Hato Rey, impartió las instrucciones a las seis mujeres y seis hombres que componen el jurado, quienes tienen en sus manos decidir si los imputados son culpables o no culpables. El veredicto debe ser unánime.

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“Damas y caballeros, les entrego el caso a ustedes. Ustedes son los jueces de los hechos”, dijo el juez en sala, según se supo.

Los otros acusados son Sally López Martínez, Ivonne Falcón Nieves, Marielis Falcón Nieves y Glenn Rivera Pizarro, señalados por participar de un esquema de corrupción ideado Hernández, quien se declaró culpable por 14 cargos en su contra, el pasado 18 de febrero.

Antes de entrar a la sala del juez, los acusados se unieron en una larga oración en las afueras del centro juidicial, donde pidieron “sabiduría” para los doce integrantes del jurado. Esto fue reportado por NotiUno630am en su cuenta de Twitter.

A Sally López Martínez, exjefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL); Ivonne Falcón Nieves, exvicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); y el exayudante especial de Administración de la Cámara de Representantes, Glenn Rivera Pizarro, se les acusó por utilizar sus posiciones en el Gobierno -y recibir regalos- a cambio de ayudar a las compañías creadas por Hernández Pérez y sus socios a lograr contratos una vez su amigo Alejandro García Padilla se convirtió en gobernador en el 2013.

En el caso de Marielis Falcón Nieves, se le imputó utilizar la posición de su hermana en la AAA para “obligar” al contratista Ramón Crespo a pagarle 100 mil dólares por agilizar el pago de sus facturas pendientes en la corporación pública.

Hernández se declaró culpable de 14 cargos de corrupción gubernamental, a cambio de un acuerdo de una sentencia recomendada de entre cinco años y ocho meses a siete años y tres meses de prisión.

Un total de 10 personas fueron acusadas originalmente por un Gran Jurado el 2 de diciembre del 2015.