EPA impone multa a Toa Alta por mal manejo de desperdicios peligrosos

Por Metro.PR

 La Agencia Federal de Protección Ambiental anunció que ha logrado un acuerdo judicial con el Municipio de Toa Alta para resolver violaciones contra la ley federal de desperdicios peligrosos en las instalaciones de obras públicas de la municipalidad.

Una inspección de la EPA reveló que el municipio había etiquetado y almacenado indebidamente desperdicios peligrosos, y no había limpiado un derrame de aceite en una zanja de desagüe en la instalación. El aceite en esta zanja de desagüe avanzó entonces 150 pies hasta llegar a un barranco cercano.

Como parte del acuerdo anunciado hoy, el Municipio de Toa Alta invertirá un mínimo 196,185 dólares para conectar aproximadamente 50 hogares al sistema de alcantarillado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, lo cual disminuirá las descargas de aguas servidas desde estos hogares en los Ríos Bucarabones y La Plata.

La municipalidad quedará en cumplimiento con la ley federal de desperdicios peligrosos y pagará una multa de 23,373 dólares.

“Los municipios, agencias de gobierno y compañías que manejan desperdicios peligrosos deben asegurarse de que estos se almacenen y manejen de manera adecuada”, indicó la administradora regional de la EPA, Judith A. Enck.

Agregó que “cuando no se manejan debidamente, los desperdicios peligrosos pueden representar un peligro grave para los empleados y residentes en las comunidades circundantes”.

Conforme a los términos del acuerdo, el municipio diseñará, desarrollará y construirá conexiones de alcantarillado para 50 hogares en la comunidad de Bucarabones.

Estas unidades residenciales utilizan actualmente sistemas sépticos que tienen problemas operativos y son propensos a descargar aguas usadas, pudiendo fluir gran parte de ellas a los Ríos Bucarabones y La Plata.

El municipio de Toa Alta ha identificado las residencias que recibirán conexiones de alcantarillado, y tiene 45 días a fin de presentar a la EPA un plan de trabajo para este proyecto.

Conforme a la ley federal de desperdicios peligrosos, estos deben almacenarse, manejarse y desecharse correctamente a fin de proteger la salud pública y el medio ambiente. Las instalaciones deben tener también personal debidamente adiestrado, dado que los desperdicios peligrosos almacenados incorrectamente pueden derramarse y representar un peligro para las personas y el medioambiente.

El acuerdo surge luego de que en 2014, la EPA realizó una inspección en las instalaciones de obras públicas del municipio, ubicadas en el barrio Contorno donde detectaron infracciones a la ley federal de desperdicios peligrosos como no determinar cuáles substancias deben considerarse desperdicios peligrosos para asegurar que se manejen correctamente, así como no etiquetar ni marcar claramente los contenedores con baterías usadas en su interior ni el aceite usado.

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