Erróneas hasta un 5 % de las condenas en P.R.

Por Lyanne Meléndez García @lyannemariemg

La abogada Vanessa Mullet, parte de la defensa en el ahora archivado caso de asesinato de  Glorimar Pérez Santiago, ocurrido hace 28 años y que deja en libertad a tres convictos, estimó que entre cuatro a cinco por ciento de las condenas en Puerto Rico son erróneas y, en ese sentido, no descartó un alza en las solicitudes de nuevo juicio.

“Las estadísticas en Estados Unidos han determinado que el cuatro y cinco por ciento de las condenas son erróneas. Nosotros hemos hecho esas estadísticas”, dijo a Metro la abogada.

Mullet fue parte de la defensa de Nelson Ortiz, que, junto con Nelson Ruiz y José Caro, fue declarado en libertad luego de que el Departamento de Justicia solicitara ayer el archivo del caso ante la insuficiencia de prueba.

La abogada hizo referencia a que, de la población penal, “estamos hablando de que en Puerto Rico hay alrededor de 600 presos que son inocentes del delito por el cual fueron convictos”.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación indicó que al momento hay 10,900 reos en 35 complejos penales alrededor de la isla.

La abogada, parte del Proyecto Inocencia, que busca la exoneración de personas encarceladas erróneamente, no descartó que, a raíz de la decisión del juez José Emilio González, del Tribunal de Aguadilla, de archivar el caso, aumenten las peticiones de puertorriqueños que soliciten nuevo juicio.

“Desde que nosotros asumimos la representación legal [de Ortiz], la cantidad de solicitudes ha aumentado significativamente”, declaró Mullet, al exponer que mensualmente reciben decenas de solicitudes de casos, pero aclaró que deben pasar por un proceso de depuración e investigación para ver si son meritorios.

Similar al Proyecto Inocencia, el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, indicó que la institución tiene la Comisión de Derechos de los Confinados, presidida por Rafael Rodríguez, que se encarga de atender las consultas por las condiciones que están los encarcelados.

Torres estableció que el prejuicio, una percepción errónea de la prueba y la excesiva publicidad de un caso podrían ser causas para una condena errónea.

La determinación del Tribunal en el caso de asesinato de Pérez Santiago concede libertad al trío que había cumplido 22 años de cárcel al ser sentenciados cada uno a una cadena perpetua en 1994. La defensa había pedido la celebración de un nuevo juicio luego de recibir resultados negativos de las pruebas de ADN.

La familia de Pérez Santiago, asesinada en julio de 1988, envió ayer una comunicación pública en la que declaran que “la democracia y la justicia en Puerto Rico ha dado un paso atrás”.

“Es hora de hacer conciencia. Nuestro sistema de justicia es otra frágil infraestructura que necesita mantenimiento porque ahora mismo es un negocio.  La ley de ADN en Puerto Rico se manipuló para fines de enriquecer políticos y sus amigos. En nuestra isla los criminales mandan”, añade la carta.

En cambio, la licenciada Mullet indicó que la determinación “tiene un significado histórico; es un precedente porque nunca antes se había revocado un caso por pruebas de ADN”.

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