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Marchan los sordos para dejar sentir sus reclamos de accesibilidad a servicios

Varias organizaciones cívicas participarán hoy en la XV Marcha Oye Mis Manos, Comunícate, con el fin de reclamar accesibilidad a los servicios de la población sorda del país, que supera las 150 mil personas, además de exigir un compromiso a respetar sus derechos civiles en el proceso eleccionario.

Con la manifestación, que partirá a las 10:00 de la mañana desde el estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, para llegar a las instalaciones del colegio San Gabriel, en Puerto Nuevo, esperan crear conciencia sobre las necesidades de esta comunidad, además de reclamar a los aspirantes a la gobernación de Puerto Rico y otros políticos considerar al sordo en sus alocuciones públicas, mediante el uso de intérpretes de lenguaje de señas, en lo que queda de campaña.

“No están considerando a una población que supera las 150 mil personas, que en su mayoría vota, trabaja y paga contribuciones, pero que consistentemente recibe un trato desigual por la insensibilidad y la discriminación que se mantiene”, expresó José Bertrán, presidente de la organización Servicios Orientados al Sordo (SOS).

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La directora del colegio San Gabriel, Izaskun Capataz Colás, destacó que la marcha y las actividades planificadas para la Semana de la Comunidad Sorda, pretenden concienciar al país sobre una realidad que es diariamente ignorada.

“Queremos concienciar, no solo sobre las necesidades de esta comunidad sino también sobre los aportes significativos que hacen los sordos a la sociedad puertorriqueña”, indicó Capataz Colás.

Entre los reclamos urgentes de esta población están un adecuado acceso a la salud, ya que no hay intérpretes para los servicios médicos, a pesar de que la ley lo exige a los hospitales y a los facultativos.

Se aclaró que sólo un plan médico, MCS, brinda este servicio.

Esta situación se reproduce, además en el acceso a los recursos legales, incluidos los tribunales, que no están preparados para contratar a las personas sordas, lo que se constituye en una violación a los derechos a la mayoría de los sordos.

En lo referente a la educación, igualmente los sordos están excluidos porque se les niega el derecho a recibir la formación que realmente necesitan, ya que ni siquiera cuentan con intérpretes.

Se advirtió que el gobierno viola normativas federales, como la Sección 504 de la ley de rehabilitación del 1973, que exige se dé accesibilidad a los sordos en todas las agencias que reciban fondos federales.

En situaciones críticas, como la que representa la propagación del virus del zika, los sordos tampoco cuentan con intérpretes calificados ni con subtitulación en los anuncios de orientación.

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