A su primera prueba ley federal PROMESA

Por Joel Cintrón Arbasetti

Si el juez Besosa abre la pluma, los procesos de reestructuración voluntaria mediante negociación se van a ir por el chorro”. Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en procesos de quiebras

Mañana comienza un proceso judicial en el Tribunal federal que va a determinar si el Gobierno de Puerto Rico tendrá que destinar dinero de su presupuesto para el pago de las deudas a los bonistas que ha declarado que no puede pagar. 

Desde las 9:00 a. m., el juez federal Francisco Besosa escuchará los argumentos para decidir si la suspensión automática de litigios que establece la ley federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica para Puerto Rico (PROMESA) aplica o no en las demandas presentadas por varias firmas de inversión, bonistas en su carácter individual y aseguradoras de bonos municipales. 

El bufete Adsuar, Muñiz, Goyco Seda & Pérez-Ochoa representará este jueves a la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee Corporation frente al juez Besosa, quien fue socio-fundador de ese mismo bufete, que anteriormente llevaba el nombre de Adsuar, Muñiz, Goyco & Besosa. National Public Finance Guarantee Corporation es la aseguradora de alrededor de $3,800 millones de bonos del Gobierno. 

Besosa no es novato en este tema. Ya ha presentado dos órdenes, en casos separados, en las que sostiene que la suspensión de litigios de PROMESA solo aplica a las demandas que se hagan para exigir pagos de deuda. El juez ha dicho, además, que el detente no aplica a las demandas que exigen que el Gobierno no use para otros fines los fondos que deben ser destinados para el pago de las obligaciones generales, que son bonos que tienen prioridad de pago y que están garantizados por la Constitución.

En el caso que se verá mañana, rivalizan contra el Gobierno de Puerto Rico fondos buitre como Aurelius Capital, representados por el bufete puertorriqueño McConnell Valdés y el estadounidense Robbins, Russell, Englert, Orseck, Untereiner & Sauber, este último famoso por prevalecer en el llamado juicio del siglo en contra de Argentina. En ese caso, el periodista argentino Carlos Burgueño explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que los fondos buitre lograron el cobro de aproximadamente $9,500 millones y el Gobierno argentino gastó cerca de $9,800 millones en multas y abogados. 

El Gobierno busca con su defensa que se aplique la suspensión de litigios que establece PROMESA para protegerse de las demandas de los acreedores, una de las razones principales por las que presuntamente apoyó la ley federal PROMESA.

Este podría ser el comienzo de un litigio largo, contencioso y costoso, en el que se juega el quién decide cómo se usa el presupuesto del Gobierno, que sería revisado, además, por la Junta de Control Fiscal, un cuerpo de siete miembros nombrados por el Congreso de Estados Unidos para supervisar las finanzas del Gobierno y que puede imponer sus decisiones sobre la Legislatura y el Ejecutivo de Puerto Rico.

“Se le va la vida al Gobierno. Si el juez Besosa abre la pluma, los procesos de reestructuración voluntaria mediante negociación se van a ir por el chorro”, estimó Rolando Emmanuelli Jiménez, abogado experto en procesos de quiebra.

Emmanuelli Jiménez entiende que, bajo la Ley de Quiebra federal, la determinación de no aplicar la suspensión de litigios no se sostendría. Según el abogado, esa regla también debería aplicar bajo la ley PROMESA, que fue creada usando los reglamentos de las leyes de quiebra de Estados Unidos.

“Desde los primeros borradores de PROMESA he planteado que la inmolación del Gobierno no iba a garantizar ninguna de las ventajas que reclamaba. La Ley de Moratoria fue sin duda un acto de emergencia y ‘defensa propia’ frente a los acreedores, la justicia federal y el resto de los componentes del Gobierno federal”, analizó, por su parte, Carlos E. Ramos, abogado especializado en derecho constitucional.

“Sucedió lo que se esperaba: una interpretación de PROMESA que es plausible y posible, sobre todo si la óptica es [priorizar] los intereses de los acreedores. Interpretar que un stay (suspensión) en cobro de deuda es distinto a cuestionar dónde y cómo el Gobierno deposita su dinero en perjuicio de las reclamaciones una vez concluya el stay. Es, repito, legítima, pero muy restrictiva con los intereses de Puerto Rico y su Gobierno. Muchos de estos casos están asignados a un juez y sistema de justicia federal que ya avaló estos enfoques restrictivos y contrarios a nuestros intereses colectivos”, añadió Ramos.

 

La trayectoria de Besosa con el tema de la deuda

El juez Besosa fue el autor de lo que podría considerarse como el primer capítulo de la trama judicial sobre la deuda del Estado Libre Asociado, cuando en febrero de 2015 declaró inconstitucional la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, conocida como ley de quiebra criolla

En esa decisión, Besosa declaró que la ley de quiebra criolla violaba la premisa de supremacía de las leyes federales, que establece que una ley federal va por encima de una ley local. También declaró que la ley violaba la Constitución de Puerto Rico por ser un intento del Gobierno para no cumplir con sus obligaciones con los bonistas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo validó.

En ese momento, el juez consideró que la crisis fiscal y de la deuda pública no eran tan graves como para que el Gobierno tuviera que violar sus obligaciones de deuda. Como ejemplo utilizó el caso de la negociación entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores, para argumentar que existen otras alternativas para reestructurar deudas sin violar acuerdos contractuales. 

Con esa decisión, Besosa favoreció a los fondos mutuos Franklin y Oppenheimer, dos de los principales bonistas del Gobierno, y al fondo buitre Bluemountain Management, quienes habían demandado en junio de 2014 para que se declarase inconstitucional la ley de quiebra criolla. La derrota de la ley también desató la carrera al Congreso en busca de que se incluyera a Puerto Rico en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal, un proceso infructuoso que culminó con la creación de la ley PROMESA y el nombramiento de la Junta de Control Fiscal. 

Ahora Besosa retoma la trama judicial de la deuda pública, que entra en una nueva fase este jueves, en la que subyace una pregunta similar a la del caso de la ley de quiebra criolla: un año y medio después, ¿puede el Gobierno pagar sus deudas o no? 

Para leer la historia visite el portal del Centro de Periodismo Investigativo

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