Por querer cobrar más, deja de cobrar el gobierno cargo por Sistema 9-1-1

Por Inter News Service

Al transferir a los puntos de ventas el cargo de los consumidores al Sistema 9-1-1 al adquirir celulares prepagados, que retenían los proveedores de servicios de estos teléfonos, se le ha complicado más aun a los grandes comerciantes y a los Pymes su gestión comercial al convertirlos en agentes retenedores, con nuevos costos.

Las enmiendas a la ley que permite la transferencia del pago, recientemente sancionadas, fueron rechazadas en vistas públicas por todos los sectores, excepto por los proveedores, que ahora se han quedado liberados de tener que transferir ese pago.

Cuando las personas compran los servicios de telefonía, alámbrica o inalámbrica, se les impone 50 centavos mensuales a los individuos y 1.00 dólar a los comerciales, que ayudan a financiar el Sistema 9-1-1, que es una línea de emergencia.

Las nuevas enmiendas (Ley 126 del 8 de agosto de 2016 que modifica la Ley 144 de 1994) elimina la responsabilidad de colectar y remitir el cargo 9-1-1 a los servicios de telecomunicaciones que no estén provistos por contrato de tracto sucesivo, es decir, los servicios sin contratos, conocidos como “prepago”.

Sin embargo, los celulares prepagados que se compran en los distintos comercios, distintos a los celulares ya atados mediante contratos o sin ellos a un proveedor específico, son más difíciles de cobrar, aunque el modelo hasta ahora utilizado era sencillo y eficiente.

La enmienda a la ley se hizo para conformar el modelo utilizado en algunos lugares de Estados Unidos, aunque hay diferencias significativas.

En esos estados es Hacienda la que hace ese cobro a los comerciantes como parte de su gestión rutinaria impositiva, mientras en la Isla será el Sistema 9-1-1 el que lo haga.

Con el viejo modelo, el Sistema 9-1-1 hacía el cobro solo a una decena de empresas de telecomunicaciones, para lo que se destacaban auditores que revisaban los pagos.

Con el nuevo modelo, el 9-1-1 tendría que hacer la misma gestión de cobro a hasta 3,000 comerciantes que venden los teléfonos prepago, sin tener la capacidad para auditar esas transacciones.

Esto plantea varios problemas adicionales, además de la incapacidad del gobierno para colectar el dinero de tantos comercios.

El primero es que los mismos comerciantes le dejaron saber al gobierno que ese nuevo modelo les carga su gestión con costos adicionales y mayores complejidades, en una economía frágil y con signos de mayor debilitamiento, y el resultado es que muchos dejarían de vender ese producto, debilitando sus escasos ingresos, y el gobierno dejará de recibir los fondos proyectados.

Al legislar para que el comercio cobre el cargo en el punto de venta –gasolineras, detallistas y otros–, lo comprometen a asumir los costos de procesarlo que no les pertenece, pues solo es agente retenedor y deben remitirlo al gobierno.

Ese solo hecho implica cambios en la programación de los comercios, contratación de nuevo personal, llenar las planillas, guardar evidencias y otra serie de complicaciones con costos que, de otra manera, no tendrían que hacer, indicó la Cámara de Comercio a los legisladores.

“No podemos olvidar que el uso de la tecnología es necesario para el desarrollo económico de Puerto Rico. No se puede permitir, ni esta Asamblea Legislativa debe permitir, que se impongan cargos sobre cargos a una industria que está en crecimiento, y que es parte del futuro económico del mundo”, se explicó la institución.

El Centro Unidos de Detallistas, la Asociación de Farmacias de la Comunidad y la Asociación de Comerciantes al Detal también se expresaron en contra de la medida, lo que no impidió que se aprobaron las enmiendas, a pesar de que la Legislatura se ha promociona como afín a las Pymes.

Hasta 2016, el gobierno mantenía un recaudo ascendente de las tarjetas prepago. Durante 2005 se colectaron 236,210 dólares; en 2013 unos 887,360 y ya los primeros siete meses de 2016 (julio) nada más se había elevado a 985,464 dólares, poco más de un tercio de lo que recauda por los teléfonos con contrato, que a esa misma fecha fue de 2,246,585, según estadísticas de Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones revisadas por la agencia Inter News Service (INS).

Pero, si bien esto solo parecía un problema de enfoque e inequidad en la política pública, después de aprobadas las enmiendas se ha convertido en un manejo inadecuado del propio gobierno que le costará dinero al pueblo.

El nuevo modelo de cobro en los puntos de venta solo puede comenzar luego que la Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1 implante un reglamento a esos efectos.

Y luego de varios meses de aprobadas las enmiendas ese reglamento no existe, por tanto esa agencia no podrá cobrar el cargo de los teléfonos prepago hasta que no lo prepare, quede oficialmente inscrito el reglamento en el Departamento de Estado, que requiere además de vistas públicas, 30 días para aprobación final si no es impugnado legalmente, y publicado.

Ese dinero será una pérdida para el gobierno porque no se hará retroactivo el cobro pues el gobierno consignó una cláusula de transición que exime de pago a los comercios en ese período de gestación del reglamento, pues en este se tiene que establecer la equivalencia y el proceso de cobro del cargo y pago a la Junta, antes de comenzar a pagar.

Y esta pérdida de dinero para el Sistema 9-1-1 ocurrirá precisamente en una industria de gran crecimiento, aunque crece debido a la crisis económica que no permite a los usuarios sufragar los contratos con las grandes empresas de telefonía.

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