Justicia y la Oficina del Contralor encaminan investigación sobre auditoría en la Cámara

Por Karixia Ortiz Serrano

El Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor ya comenzaron el proceso de investigación para determinar si hubo o no una comisión de delito en la Cámara de Representantes con la contratación de la compañía 3 Comm Global, empresa del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y convicto por delitos de corrupción pública Anaudi Hernández.

“Los informes referidos por el presidente en funciones de la Cámara de Representantes sobre las auditorías realizadas acerca de la contratación de la empresa 3 Comm Global fueron recibidos”, informó una portavoz de Justicia, Gingger Correa, a Metro.

Además, destacó que los documentos fueron cursados a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia para iniciar la pesquisa.

Por otra parte, la portavoz de la Oficina del Contralor, Lisandra Rivera, también confirmó el recibo de los documentos . “Se referirán a la División de Auditoría de Tecnología de Información y División de Auditoría Forense Digital para su evaluación”, precisó la funcionaria en una comunicación escrita a este diario.

El referido de la auditorías de la Cámara lo hizo ayer el presidente en funciones Roberto Rivera Ruiz de Porras. El referido en cuestión abarca el borrador del informe de auditoría preparado por el Director de Auditoría Interna de la cámara baja, licenciado Néstor Feliciano, así como el informe de auditoría externa redactado por la firma de Benchmark Technologies Inc., consultores de la Cámara en el área de sistemas de información.

Rivera Ruiz de Porras aseguró ayer que, de los hallazgos y las recomendaciones de ambos informes de auditoría, se desprenden serias violaciones a los principios y procedimientos de sana administración pública que pudiera incluir algún delito.

Igualmente, el expresidente cameral Jaime Perelló había solicitado mediante carta a Rivera Ruiz de Porras que procediera con los referidos tanto a Justicia como a la Oficina del Contralor.

“Las auditorias mencionadas fueron efectuadas con limitaciones. Sólo analizaron los documentos que se tenían disponibles. Cada una de ellas carece de entrevistas a personas que pudieran dar información y pudieron ayudar a esclarecer si se cometieron violaciones de ley. Estas condiciones hacen mandatorio que refiramos este asunto al Secretario de Justicia y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, destacó el presidente cameral en funciones.

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