Exigen renuncia Administrador de Servicios Generales por supuesta corrupción

Por Cybernews

El candidato al Senado por el Distrito de San Juan, Miguel Romero, exigió la tarde del domingo la renuncia del Administrador Servicios Generales (ASG), Luis Castro, quien supuestamente fuera implicado en el juicio en contra de varios funcionarios de la administración del Partido Popular Democrático (PPD), en alegadas acciones constitutivas de delito.

“El administrador de la ASG violó todo canon de ética de un funcionario público. Héctor Vargas, quien fuera socio de Anaudi Hernández, testificó bajo juramento que le dio 5,000 dólares al administrador de ASG. Además, éste último recibió prebendas de los empresarios, como el pago de conciertos en suites y otras actividades sociales. Cabe señalar, que Anaudi Hernández y su socio recibieron contratos de la ASG en ese tiempo. Tales acciones constituyen delito y un acto bochornoso de corrupción, por lo que debe dejar el puesto inmediatamente”, alegó Romero en un comunicado.  

El otrora secretario del Trabajo, mencionó que esta semana estará cursando referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia para que tomen acción al respecto y se refiera a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) al funcionario en cuestión.

“Este debe salir de su puesto inmediatamente. Es escandaloso que precisamente es Luis Castro el funcionario que a nivel de todo el Gobierno de Puerto Rico, certifica que los proveedores de servicios cumplen con la ley y quien autoriza las contrataciones, negocia contratos, negocia tarifas, supervisa la Junta de Subastas del Gobierno de Puerto Rico.  Sus funciones son incompatibles con su permanencia en el puesto, luego de que se hiciera público que recibió dinero, por parte del socio de Anaudi Hernández, Héctor Vargas, según éste mismo testificara bajo juramento,” apuntó.

“La corrupción hay que atacarla de raíz y las acciones del Sr. Luis Castro deben tener consecuencias. Es por ello que esta semana estaré comunicándome con Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, para así velar por la sana administración que debe imperar en el gobierno de Puerto Rico”, concluyó.

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