CDC investiga manejo del zika y embarazadas en P.R.

Ausentes. La secretaria de Salud, Ana Ríus, y la directora del Programa Wic, Dana Miró, notificaron a último minuto que no asistirían a la vista, luego de haberse reprogramado sujeto a su disponibilidad

Por Sarah Vázquez @SarahFVazquez

La fumigación en residencias de mujeres embarazadas beneficiarias del Programa Wic podría representar una violación a los derechos civiles, según lo denunció ayer la científica Ethel Ríos ante la Comisión de Derechos Civiles (CDC).

Las expresiones se dieron durante una vista pública en el CDC en respuesta a una querella presentada por Ríos en julio en contra del relevo de responsabilidad y permiso de entrada que se entrega  a las participantes del Programa Wic en estado de gestación para fumigar contra el vector del Zika.

 “[Le hace entrega de un documento a un sector] que es pobre, dependiente, de bajo nivel de escolaridad y luego le dice que usted no se hace responsable de lo que ocurra en el curso de acción que usted recomendó […] Aquí insisten que tendrán este gran beneficio”, sentenció la académica, quien subrayó que el documento limita la capacidad de consentir ante la falta de información.

De hecho, el relevo no establece con qué químico se asperjará y estipula que la participante “acepta que ni el ELA ni sus representantes serán responsables de su condición de salud, ni condición del salud del feto durante el embarazo ni durante o posterior al parto”.

“En el caso de estas mujeres está en juego la integridad física del embrión que llevan”, expuso la experta. Según la académica, el químico que se podría estar utilizando sería Deltrametrina. Apuntó que un estudio previo sobre este compuesto reveló que el químico causó daños a la corteza cerebral en ratones. Aún así, la experta señaló que, de las 13,503 mujeres embarazadas participantes del Programa Wic, 9,150 aceptaron la fumigación. Destacó que, para el 7 de julio, se habían gestionado 4,753 fumigaciones, de las que 2,761 ya se habían realizado. También se fumigaron 92 clínicas del programa.
Por esta razón, la profesora levantó serios cuestionamientos sobre el curso de acción de las agencias ante la llegada del virus a la isla. “Tantos meses y no se hizo nada y ahí es donde uno se pregunta si queríamos acumular casos”, advirtió.

Durante su ponencia, Ríos se preguntó el porqué no se hizo hincapié en la prevención de la enfermedad, desactivando los criaderos de mosquitos tan pronto se supo de la epidemia en Brasil, “¿qué instrucciones,  si alguna, recibió, el Gobierno de Puerto Rico de los altos funcionarios del Gobierno federal que visitaron Fortaleza en los primeros meses de 2016? ¿Cuán importante era para los CDC (Centros para el Control y Prevención del Enfermedades) tener acceso a una población de mujeres embarazadas con presencia constatable del virus del zika?”.   

La científica compraró el caso del manejo del zika en Puerto Rico con el Experimento Tuskegee,  un estudio clínico que se realizó entre las décadas del 1930 y 1970 en Alabama. En aquel momento, 600 afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis si no era tratada y si se podía llegar hasta la muerte.

Este experimento generó mucha controversia ya que los sujetos utilizados en este experimento no habían dado su consentimiento informado y no habían sido debidamente notificados de su diagnóstico.
Además, Ríos destacó que en el distrito de Wynwood donde se comenzó la fumigación con Naled “es un área donde viven puertorriqueños, afroamericanos y que son de clase media, pero tienen unas áreas  de bastante pobreza también”, mientras que en otro sector de Miami donde el alcalde es biólogo no se dio paso a la fumigación.

Por su parte, la presidenta del CDC, Georgina Candal, mostró preocupación ante la visión de que hay un sector de la ciudadanía que no está siendo informado y educado. “Es un problema bien grande en términos de la visión de derechos humanos y como el Estado percibe a las personas dentro de esta sociedad”, expuso.

Otra de las deponentes fue, la doctora Wanda Beltrán, quien denunció que “lo más inverosímil es que los obstetras en su gran mayoría, para no decir que todos, tenían total desconocimiento sobre ese relevo y poder opinar”.

La especialista en medicina interna apuntó que el relevo carece de los criterios para validar un documento de consentimiento informado que son capacidad, voluntariedad, información y comprensión.
Por su parte el director ejecutivo de la CDC, Ever Padilla, aseveró que “me preocupa la situación del consentimiento desinformado y la obligatoriedad dentro de la voluntariedad”.  

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