Un total de 422 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en Puerto Rico desde que fue reconocido este derecho en la isla en junio del año pasado.
En 2015, el Registro Demográfico otorgó 261 licencias, mientras que, hasta el 6 de junio de 2016, se han expedido 161 de estos certificados. En contraste, hasta el momento, la Administración de Tribunales no lleva el registro de los divorcios, pues, según aclaró el portavoz de prensa Daniel Rodríguez, “la petición de divorcio no requiere que se indique el sexo de las partes, por lo que no se recoge este dato”.
En el caso de Estados Unidos, donde también se reconoció este derecho el pasado año, la cifra totaliza 859 mil matrimonios gays. Según un sondeo de Gallup, que fue reseñado por la agencia The Associated Press, en el 2015 se registraron 368 mil enlaces y unos 491 mil en la primera mitad de 2016.
Sin embargo, más allá de mirar este asunto meramente como números, la feminista y abogada Amárilis Pagán indicó que los datos estadísticos “son importantes, porque son la base que se utiliza para políticas públicas, para legislación, para asignar presupuesto y para identificar fallas del sistema cuando este está discriminando”, entre otros asuntos.
Empero, estos números no determinan la lucha por el reconocimiento y extensión de derechos para la comunidad lésbica, gay, bisexual y trans (LGBT), pues la búsqueda de reivindicación no se limita al derecho de matrimonio.
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“Grupos de activistas, como el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad, han sido bien enfáticos en que el matrimonio no era el único punto en la agenda LGBT”, sostuvo Pagán, quien también consideró que, en general, ya hay una tendencia a que sean menos personas las que optan por casarse.
No obstante, la también cofundadora de la organización Proyecto Matria estableció que hay otras áreas en las que urge trabajar a favor de mayor equidad. “Una determinación judicial o una ley no elimina automáticamente el prejuicio o la homofobia”, sostuvo Pagán, en referencia al dictamen emitido el pasado año por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que aplicó a Puerto Rico.
Señaló, en cambio, que “la falta de acceso a servicios de salud adecuados y la discriminación en otros espacios más allá del trabajo” son solo algunas manifestaciones de homofobia que se deben corregir.
“Por ejemplo, cuando [personas LGBT] van a alquilar vivienda, cuando van a solicitar préstamos hipotecarios y cuando van a solicitar otros trámites que para las personas heterosexuales pueden ser totalmente comunes y corrientes, pero para una persona LGBTT son una odisea”, planteó la experta.
Por su parte, la directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer en el Senado, Ada Álvarez Conde, indicó que, luego de la validación por ley del matrimonio igualitario, sí hubo y hay una transformación en las políticas públicas del país relacionadas con las personas LGBT.
“Con el derecho al matrimonio, proveniente de la ley federal, ya hubo acceso a los planes médicos, ya hay acceso a la adopción y ya hay acceso a otros beneficios”, indicó.
No obstante, reconoció que queda por atender la visualización de los homosexuales, los transgéneros y de la diversidad familiar.
“Creo que hay que plantear eventualmente el tema del desarrollo de la perspectiva de género y hablar de todas las familias con todas las composiciones. Lo que hay que visualizar es qué otras cosas faltan”, precisó Álvarez.
Agregó que, en el trabajo gubernamental, a pesar de que muchos derechos se abrieron a la comunidad LGBT, aún falta por mejorar su aplicación en las agencias de gobierno.
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