¿Y ahora quién esclarecerá la muerte de Lorenzo?

El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, no apelará los casos del asesinato de Lorenzo González Cacho ni la determinación de celebrar un nuevo juicio por el asesinato de Glorimar Pérez.

“El proceso investigativo en este caso no puede satisfacer a nadie”, afirmó Miranda sobre cómo se desarrolló la pesquisa de la muerte de González Cacho que concluyó con dos reveses judiciales, en primera instancia, contra el acusado Luis Gustavo Rivera Seijo, apodado el Manco. Además, afirmó que “el pueblo formuló su juicio” y “hemos demonizado a esta señora [Ana Cacho]”, por lo que dijo es “momento de corregir”.

Miranda indicó que, tras revisar la resolución de la jueza Vilmary Soler Suárez, de la vista preliminar en alzada que se celebró el pasado mayo, no cuenta con el “vehículo procesal para recurrir al Tribunal de Apelaciones”. Esto a pesar de que consideró que Justicia presentó prueba suficiente para demostrar que Rivera Seijo cometió el crimen.

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Ante esto, el funcionario planteó que esta situación obliga al sistema judicial a “repensar el procedimiento en el Departamento de Justicia. Nos fuerza a pasos afirmativos para que no ocurran los errores en los que incurrimos nosotros”, sostuvo. Así que Miranda nombró al profesor de Derecho Penal Ernesto Chiesa, al exfiscal Félix Fumero y consideró a otra persona que no identificó para que investiguen el proceso de investigación criminal del caso para que luego hagan recomendaciones a Justicia. 

De otro lado, el titular del Ministerio público informó que el 11 de agosto se determinará si se archivan o no los cargos impuestos a Elson Ortiz Álvarez, José Caro Pérez y Nelson Ruiz Colón, acusados por el asesinato de la modelo Glorimar Pérez en la década de 1980.

Así, Miranda precisó no apelará la determinación del juez José Emilio González de conceder un nuevo juicio a los imputados que siempre han promulgado su inocencia. Este juicio considerará la evidencia de las pruebas de ADN postsentencia. “He sido un fiel defensor de los derechos de las víctimas, pero, en ocasiones, uno tiene que actuar con la corrección que el derecho nos manda, y ese derecho es no recurrir”, manifestó Miranda.

El secretario de Justicia reconoció los nuevos retos que suponen las pruebas de ADN en los casos, implementará un currículo educativo y emitió una solicitud a la jueza superior Maite Oronoz para que ayude en la educación a los letrados, jueces y fiscales en torno al recurso científico.

“Si podemos evitar que un inocente vaya preso o que una persona tenga que requerirnos, después de estar preso, un ADN postsentencia, creo que lo mejor sería que de antemano [lo] evitemos”.