Tras quedar desvelado el esquema de mal manejo y administración de fondos públicos en el proceso de otorgamiento de Becas Presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR), el secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, recomendó un internado en la agencia a los funcionarios que fallan en su labor pública.
“Creo que hay muchos funcionarios que lo debemos poner en un internado en Hacienda antes de ocupar el puesto que deben ocupar para que se den cuenta el trabajo que da levantar fondos públicos, para ver si entienden que el uso de fondos públicos es algo sagrado”, señaló el titular en entrevista radial (Wapa Radio).
“Con los chavos de uno, uno puede hacer lo que uno quiere, pero con los chavos de los otros no”, aseveró. Además, agregó que el uso del dinero público tiene que “estar revestido por el más alto grado de rigurosidad”.
Estas expresiones fueron las que se limitó a expresar a un día de que se revelara el informe de la Comisión Investigadora sobre el otorgamiento de becas presidenciales en la UPR.
En las recomendaciones del informe se solicitó el retiro de la confianza del ahora ex presidente de la UPR Uroyoán Walker; del rector del Recinto de Río Piedras (RRP), Carlos Severino; de la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia M. Camacho Feliciano; de la decana de Asuntos Académicos, Palmira Ríos González, y el decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli. El organismo recibió la renuncia de Camacho y Ríos ayer mismo. Así mismo, Walker quedó destituido ante una moción que avaló la Junta de Gobierno en su reunión de ayer en la tarde.
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Las conclusiones del informe afirmaron que las becas presidenciales fueron otorgadas por motivaciones particulares a estudiantes con vínculos estrechos con miembros de la administración del primer centro docente del país y con la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Los becados son el exasesor del hermano del gobernador, Carlos Pagán; el exasesor de Asuntos Laborales de La Fortaleza, Arturo Ríos, y Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.
Según la documentación estudiada se comprobó que los estudiantes fueron beneficiados con becas, sin tener y/o cumplir con los requisitos específicos que se requieren para ser beneficiario del dinero para los estudios graduados. También, se incumplió con el proceso y protocolos que establece el reglamento de la beca.