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Luego de que se intensificara el escándalo por el evidenciado mal manejo de fondos públicos y mala administración con el Programa de Becas Presidenciales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con la publicación del informe que investigó el esquema, son más voces las que piden acción inmediata sobre los responsables involucrados en el acto.
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El senador por el distrito Mayagüez Aguadilla, Gilberto Rodríguez Valle, solicitó que la Junta de Gobierno del primer centro docente del país refiera los hallazgos del informe de las becas al Departamento de Justicia (DJ) para que tome la acción correspondiente, incluyendo la devolución del dinero otorgado en becas a los beneficiarios.
“A los que abusaron de su poder e influencias, que les caiga el peso de las leyes aplicables. Está bueno ya de usar las posiciones públicas para beneficiar a los allegados. A los que se apropiaron de esas becas de manera injusta, que devuelvan el dinero. Este País no acepta de ninguna manera que todo se quede en meros informes. Basta con salir a la calle para conocer de primera mano cómo se sienten los universitarios y el pueblo en general”, aseguró el legislador, quien preside la Comisión de Cooperativismo del Senado y laboró en la propia UPR antes de aspirar a un escaño senatorial.
Las conclusiones del informe afirmaron que las becas presidenciales fueron otorgadas por motivaciones particulares a estudiantes con vínculos estrechos con miembros de la administración del primer centro docente del país y con la administración del gobernador Alejandro García Padilla.
Los becados son el exasesor del hermano del gobernador, Carlos Pagán; el exasesor de Asuntos Laborales de La Fortaleza, Arturo Ríos, y Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.
Según la documentación estudiada se comprobó que los estudiantes fueron beneficiados con becas, sin tener y/o cumplir con los requisitos específicos que se requieren para ser beneficiario del dinero para los estudios graduados. También, se incumplió con el proceso y protocolos que establece el reglamento de la beca.
El senador Rodríguez Valle destacó que del propio informe se desprende que ese programa de becas presidenciales estuvo detenido durante cinco años por la situación económica del Gobierno y tan pronto se reactivó en el año 2015-2016 con un presupuesto de $350,000 comenzaron las controversias por la forma arbitraria en que se concedieron por parte de las autoridades universitarias.
De otro lado, el senador Aníbal José Torres, urgió a los estudiantes devuelvan el dinero otorgado de una manera dudosa.
“Ante el evidente favoritismo, lo menos que deben hacer los becados presidenciales UPR es renunciar al beneficio y devolver lo pagado”, sostuvo en declaraciones escritas en su red social Twitter.
Metro confirmó con el Departamento de Justicia que la División de la Integridad Pública de la agencia realiza una pesquisa desde hace algún tiempo, antes de que ayer se revelara el informe de la investigación de las becas presidenciales.
