Desterrado por unas becas

Como si se tratara de un juego de ajedrez, el destituido presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker, junto con sus compañeros de juego, quedó acorralado ante la investigación sobre la otorgación de la beca presidencial, que concluyó que se violaron las reglamentaciones de la institución en el proceso. 

Fue ayer que la Junta de Gobierno de la UPR aprobó la destitución de Walker de su puesto. Además, se retiró la confianza al  rector del Recinto de Río Piedras (RRP), Carlos Severino; la vicepresidenta de Asuntos Académicos, Delia M. Camacho Feliciano; la  decana de Asuntos Académicos, Palmira  Ríos González, y el decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli. El organismo recibió la renuncia de Camacho y Ríos ayer mismo.

El subcomité al que se le encomendó analizar el informe de la Comisión Investigadora que rindieron los abogados Samuel Céspedes Soto, Dora Monserrate Peñagarícano y Juan A. Casillas Fernández sobre la beca presidencial solicitó a la Junta de Gobierno que retirara la confianza a los funcionarios.

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Estos funcionarios ejercieron, de una forma u otra, presión para que tres estudiantes vinculados a la administración de la institución y a la administración de Alejandro García Padilla recibieran las ayuda económica  a pesar de que no se justificaba la otorgación. Los becados son el exasesor del hermano del gobernador, Carlos Pagán; el exasesor de Asuntos Laborales de La Fortaleza, Arturo Ríos, y Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez.

“La Junta de Gobierno de la UPR cumple la encomienda que asumió al ordenar una investigación independiente sobre el tema de las becas presidenciales”, declaró Carlos Pérez Díaz, vicepresidente de la Junta de Gobierno de la UPR.

Momentos antes de que el organismo aprobara en votación de ocho a dos (abstenidos) la destitución de los funcionarios, Walker entró al salón para pedir tiempo para analizar en profundidad el informe, al que ya había tenido acceso, contrario a otros miembros de la Junta de Gobierno.

“Ante este escenario de cacería de brujas, matizado por un afán de infligir daño, he decidido permanecer en mi puesto de presidente. No tengo ninguna razón para renunciar”, expresó por escrito Walker.

“Aguardaré porque las autoridades universitarias emitan una notificación oficial”, dijo, por su parte, el rector del recinto riopedrense.

Asimismo, Severino rechazó cualquier señalamiento que apunte a que su rectoría haya actuado en violación a los procesos académicos o administrativos en torno a la controversia de la beca presidencial.

De acuerdo con la investigación, en el caso de los becarios de RRP, el proceso que se siguió fue distinto al de los demás. La entrega de cheques al becario se hizo con anterioridad a la evaluación por la asesoría legal de la presidencia de los contratos y, por ende, previo a la formalización de estos.

En este informe, además, se subraya que Walker tuvo comunicación directa con Pagán para modificar la cantidad que solicitó, que, en principio, eran $65 mil. “¿Cuánto exactamente necesitas? Porque los $65,000 esta ca…”, dijo el expresidente a Pagán, según testificó a la Comisión. 

Mientras que de Ríos Escribano se destaca que recibió trato preferencial por parte de Severino, quien laboró con él en La Fortaleza como asesor.

Sobre Sánchez, apuntan que se valió de sus lazos familiares para ir por encima de los procesos establecidos.

Los tres candidatos entregaron cartas de recomendación antes de que se abriera la convocatoria.

La investigación sobre el proceso para otorgar las becas comenzó en febrero luego que Metro publicara una serie de denuncias que establecían favoritismo en el proceso de adjudicación.
David Cordero Mercado colaboró en esta historia.