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Si usted piensa que solo en los municipios se hacen obras sin controles que terminan como elefantes blancos o demolidas, sepa que esto también sucede en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Específicamente en el Recinto de Bayamón, se acaba de demoler un edificio cuya construcción inició en el 2001, se detuvo y casi diez años más tarde se retomó para finalmente ser demolido la semana pasada. Todo esto sin que se conozca cuánto dinero se perdió en el proceso.
Se trata de lo que hubiera sido el edificio de División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) de la UPRB. Aunque no se sabe el dinero que se perdió, la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitó una auditoría para adjudicar responsabilidades por la construcción de un edificio que no cumplió con los requisitos de construcción y cuyas fallas estructurales resultaban muy onerosas para corregir.
La construcción del edificio —que estuvo abandonado por muchos años— se comenzó con la zapata en el año 2001 e inició sin tan siquiera un estudio de suelo. En el fallido proceso no se cumplió con los parámetros básicos de construcción.
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“No tenía un estudio de suelo, ni código de construcción, ni cumplía con la ley ADA”- Olga Vélez, portavoz de la UPR
Ante las fallas evidentes, la estructura a medio edificar fue demolida el lunes de la semana pasada por un costo de $24,000, monto que cobró la compañía Toledo Engineering.
Según la portavoz de presidencia de la UPR, Olga Vélez, en marzo de 2016 se solicitó a la Oficina de Auditoría Interna una investigación basada en los documentos existentes para identificar a los responsables de la mala administración y ejecutoria del proyecto de construcción del edificio DECE de la UPRB. Fuentes de Metro ligadas al recinto apuntan a que en escombros terminó un gasto de aproximadamente un millón de dólares y que muchos de los gastos, como compras de materiales, se hicieron a empresas ligadas a funcionarios del recinto en aquel momento.
El derribo fue la opción disponible luego del análisis del informe emitido el 30 de abril de 2014 al rector interino de la UPRB en aquel momento, Orlando González, por la empresa HF Engineering Consulting Group, PSC, a cargo de su presidente, Antonio Hernández Cruz.
Reconstruir, optimizar y terminar la construcción hubiera costado $1,060,000, según el informe. Fue así que concluyeron que lo más barato era demolerlo por $24,000.
El proyecto se conceptualizó en 2001, luego se detuvo y entre 2010 y 2011 se reanudó. No obstante, en 2013 se paralizó nuevamente para solicitar su evaluación técnica. De hecho, Vélez destacó que no fue hasta ese momento que “la Administración de Desarrollo Físico e Infraestructura de la UPR entra en conocimiento de la situación”, pues, en principio, la edificación fue un proyecto con los recursos internos de la UPRB.
Según el documento del informe consultado por Metro, la edificación fue desarrollada solo en un 40 %, contenidos en un primer nivel y en un segundo nivel a medias.
En la etapa de construcción de 2012, esta fue diseñada, inspeccionada y supervisada por el arquitecto Pedro Serrano Lastra, de Arquitectura Serrano. La contratación de julio de 2012 a junio de 2013 del arquitecto, como se comprueba en los archivos de la Oficina del Contralor, totalizó $7,500.
Pero el desarrollo de construcción, según el documento, estuvo en manos de empleados de la misma UPRB. Metro supo que se reclutaron empleados en la institución específicamente para esa construcción. La cuantía de esos contratos no fue precisada por la institución. Tampoco se sabe cuánto gastaron en materiales. La compra de materiales y equipos de construcción la costeaba la universidad.
En el informe, firmado por Hernández Cruz, se denunció que “no se nos entregó copia de los informes de supervisión o inspección emitidos” por el arquitecto a la UPRB.
Entre las observaciones y análisis de los peritos se resalta que “lo encontrado en el campo en las paredes es muy diferente a lo expresado en el plano”. Además, se encontró que las paredes no fueron bien edificadas, pues muchas estaban “viradas” y que se evidenciaron huecos entre bloques.
Igualmente, la estructura de tuberías, drenajes y estructura para acondicionador de aire tenían deficiencias. También se comprobó que se compró un elevador sin conocer las medidas del espacio donde se supone funcionaría.
El informe, además, destaca que hay incongruencias entre el plano y cómo realmente se hizo la construcción. Incluso, se especifica que la estructura no cuenta con elementos que requiere la Ley federal de Derechos para los Discapacitados (ADA, por sus siglas en inglés).
“En general, entendemos que la calidad de la construcción, así como la supervisión, fue sumamente pobre”, puntualiza el informe.
Igualmente, Vélez indicó a este diario que entre los documentos que se refirieron para la auditoría está el que la construcción comenzó y “no tenía un estudio de suelo, ni código de construcción, ni cumplía con la ley ADA”.
El representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Kevin Robles, dijo a Metro que esto evidencia “un despilfarro de dinero y no hay nada para sustentarlo”.
Metro intentó comunicarse con la rectora de UPRB, Margarita Fernández, pero no estuvo disponible para este diario.