Bernier asegura no implantaría reducción del salario mínimo

Por EFE @EFEnoticias

El candidato a la gobernación y presidente del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, afirmó hoy que “bajo ninguna circunstancia” implantará la reducción del salario mínimo para los jóvenes que incluye la Ley “Promesa”, recién aprobada por Washington.

Esa medida recomienda bajar a 4,25 dólares la hora el salario mínimo que han de cobrar los trabajadores menores de 25 años, como una medida para dinamizar la economía puertorriqueña, que acumula más de una década en recesión.

“Todos los candidatos debemos comprometernos a no ejercer esta prerrogativa. Que tengan la tranquilidad nuestros jóvenes de que su salario mínimo seguirá siendo el mismo”, dijo el secretario de Estado en un comunicado.

En ese sentido, explicó que la ley establece claramente que ha de ser el gobernador de la isla el que tome la decisión de revisar el salario mínimo de los jóvenes.

“El salario mínimo actual permite generar ingresos que, en el mejor de los casos, todavía están al nivel de pobreza. Reducirlo condenará al trabajador a vivir muy por debajo del umbral de pobreza y estimularía la actividad informal y la emigración”, defendió.

Se calcula que en Puerto Rico el 45 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y, según recordó hoy Bernier, cerca del 50 % de quienes emigran son precisamente jóvenes menores de 25 años.

Igualmente, pidió al resto de candidatos a la gobernación -que se batirán en las urnas el próximo noviembre- que de prioridad a la protección de las pensiones de maestros y empleados públicos.

“La pensión es un contrato del estado con esos puertorriqueños que le sirvieron bien al país con sueldos muy bajos, pero con la promesa de que al retirarse tendrían ese ingreso. Reducir esos beneficios sería incumplir con un compromiso de Puerto Rico hacia esos 120.000 buenos puertorriqueños”, defendió.

El pasado 30 de junio, el presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó para convertir en ley el proyecto conocido por su acrónimo de “Promesa” en el que el Congreso federal llevaba meses trabajando para tratar de rescatar a Puerto Rico de la crisis que padece su economía, en recesión desde hace más de una década y sin liquidez para pagar la deuda.

La ley da un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los bonistas puedan demandarlo y a cambio establece la imposición de una junta federal de control fiscal que se establecerá en los próximos meses y que supervisará la actividad gubernamental y las finanzas.

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