Columna de Armando Valdés: Cumplida la PROMESA… ¿Y ahora qué?

Por Armando Valdés @armandovaldes

Ya consumada la aprobación de la Ley PROMESA, nos toca ahora considerar las consecuencias más inmediatas de esta medida, y particularmente de la junta de control fiscal, en el plano político.

Se acabó el ELA (como lo conocemos hoy). El Estado Libre Asociado era un acuerdo político-jurídico. Aunque muchos plantean que siempre fue una colonia, su argumento – puramente jurídico – es que el Congreso legalmente podía ejercer poderes territoriales sobre Puerto Rico en cualquier momento. Pero lo cierto es que el componente político de ese pacto – el no ejercer esos poderes y respetar el gobierno propio de la isla – fue honrado, en mayor o menor grado, por Washington por más de seis décadas. 

Con la aprobación de PROMESA, se echó por la borda cualquier ilusión respecto a dicho pacto. Eso no significa que el ELA fue una ficción y que siempre fue una colonia; solo quiere decir que el PNP fue un vehículo sumamente efectivo en llevar el mensaje en Washington respecto a los defectos de dicho modelo de asociación y autonomía. Convencieron a la élite política de EE. UU. de que podían ejercer poderes plenarios sobre Puerto Rico, en su afán por destruir el ELA, y al así hacerlo acercar la consecución de la estadidad. Pero…

Se alejó la anexión. Y no es que jamás hubiera estado tan cerca. Sigo pensando que la estadidad es una imposibilidad que se le ha vendido al pueblo puertorriqueño para que el liderato político del PNP pueda alcanzar el poder.

Al llamado de Pierluisi, y ahora también de Ricky Rosselló, a los efectos de que la estadidad era la solución a la crisis puertorriqueña, el Congreso contestó con un contundente “no”. Lejos de acercarnos a la anexión, EE. UU. decidió revertir el “proceso de democratización”, según lo llamó el propio Carlos Romero Barceló en su discurso del 25 de julio de 1978, que dio inicio con la creación del ELA en el 1952.

Aún más preocupante para el movimiento anexionista, la junta se convierte en otro muro de contención contra la estadidad. Una de las funciones principales de la junta de control fiscal será asegurar el mayor repago de las deudas contraídas por el gobierno con sus bonistas y acreedores. La anexión obligaría al gobierno de Puerto Rico a reducir sus tasas contributivas virtualmente a cero para poder acomodar la carga de los impuestos federales sobre los individuos y comercios locales. Sin ingresos propios, el gobierno difícilmente podría continuar ofreciendo servicios esenciales, ni hablar de pagar sus obligaciones. Por ende, resulta improbable que la junta y el Congreso vayan a ver el actual descalabro fiscal y recomendar cualquier medida – particularmente la estadidad – que redunde en hacer aún más difícil el repago de la deuda.   

Cambió el panorama electoral. Las preguntas obligadas de cara a las elecciones para todos los candidatos a la gobernación tendrán que ver con la junta. Es justo preguntarles por qué aspiran considerando los poderes que ejercerá esta entidad impuesta. David Bernier dio alante presentando un grupo fiscal que ajustará su plataforma de gobierno a las exigencias de la junta y de la actual crisis fiscal. 

Podría regresar el ELA (o su versión 2.0). La imposición de la junta pondrá al Congreso en una posición muy incómoda. Luego de décadas de hacerse de la vista larga, ahora están insertados en la cotidianidad política de Puerto Rico. Todo lo que pase aquí será su responsabilidad tanto a nivel local como a nivel internacional. Me sospecho que cuando vean esta nueva realidad, estarán obligados a repensar la relación entre ambos países. Y salvo que coincidan unas circunstancias muy particulares, los americanos continuarán rechazando la anexión y los puertorriqueños la independencia. En ese escenario, como pasó en el 1952, EE. UU. mirará nuevamente a una alternativa creativa del ideario autonomista. ¿Será el ELA 2.0?

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