En aprietos P. R. ante otro posible impago de deuda

Contra el reloj. El 1.o de julio vence un pago de $1,919 millones y aún el Gobierno no llega a acuerdos con parte de los acreedores para evitar un impago, mientras que otro sector de bonistas busca invalidar la Ley de Moratoria

Por Víktor Rodríguez @viktor_rodz
“[El Gobierno] sabe que pagando la deuda sigue creciendo y no necesariamente se resuelve el problema. Pero, si no les paga al pueblo y a los trabajadores, la economía se puede estancar”- Martha Quiñones,  economista

A cinco días para que venza un pago de $1,919 millones del servicio de la deuda pública de Puerto Rico, las posibilidades de que haya otro incumplimiento se hacen más latentes.

Por un lado, las negociaciones entre el Gobierno y una partida de acreedores del país aún no han dado frutos, según se dio a conocer la semana pasada, cuando se revelaron varios documentos que demostraban las propuestas y contrapropuestas en las que han estado inmersas estas negociaciones. Hasta ahora, ninguna parece convencer a ambas partes. Por el otro, el pasado viernes, el gobernador Alejandro García Padilla llamó a aplicar la Ley de Moratoria a la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura (AFI), lo que hace que se posponga un pago de $245 millones de esta agencia.

“[El Gobierno] está en aprietos”, dijo la economista Martha Quiñones, quien explicó que cada vez el Gobierno “tiene menos dinero y siguen surgiendo más gastos”.

“No vamos a tener dinero para pagar y el Gobierno va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. Las decisiones que está tomando últimamente es de lado del pueblo versus tener que pagar. Saben que pagando la deuda esta sigue creciendo y no necesariamente se resuelve el problema. Pero, si no les paga al pueblo y a los trabajadores, la economía se puede estancar”, indicó.

Reconoció, además, que el problema se agrava al tomar en cuenta que el país se sigue quedando sin herramientas que le permitan reestructurar su deuda —que asciende a unos $68 mil millones— más allá de la posible imposición de una junta de control fiscal por parte del Congreso de Estados Unidos.  De hecho, el gobernador reconoció que la aplicación de una moratoria al pago de notas de anticipación (BAN, por sus siglas en inglés), responde a falta de acción por parte del Gobierno federal y a un tranque en las negociaciones entre el Gobierno y los acreedores.

“El escenario económico del país empeora cada vez más, por lo que son necesarias las acciones tomadas mediante esta orden ejecutiva. Es ante esta situación que instamos al Senado federal a que atienda el proyecto PROMESA.  Aunque imperfecto, este proyecto ofrece una solución con la que podremos hacerle frente a la emergencia fiscal que atravesamos de cara al 1.0 de julio”, sentenció García Padilla, quien la semana pasada estuvo en Washington D. C. en busca de medidas que ayudaran al país a encarar sus crisis. Se desconoce el resultado de estas acciones.

Entretanto, Quiñones mencionó que, si bien García Padilla ya aplicó en dos ocasiones la Ley de Moratoria (la primera vez fue para posponer un pago de $422 millones del Banco Gubernamental de Fomento el 1.0 de mayo), este estatuto podría quedar inválido si procede una demanda puesta ante los tribunales federales. 

La experta se refiere a una demanda radicada recientemente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y encabezada por la firma de bonistas Jacana Holdings I LLC., con la que se busca invalidar este estatuto en aras de que el Gobierno cumpla con las disposiciones constitucionales del pago a los bonos de obligación general (GO, por sus siglas
en inglés).

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