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Sin soluciones inmediatas denuncia de caso P.R. ante la ONU

Peldaños. Un experto habla sobre los efectos que podría tener la denuncia ante la ONU del estatus colonial entre la Isla y Estados Unidos, así de los obstáculos que tendría el caso.

Luego del desfile de 58 deponentes que denunciaron ayer la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerró sesión con la aprobación unánime de una resolución a favor de la libre determinación del pueblo puertorriqueño respecto a su estatus político.

Un informe de lo discutido en sesión, así como la resolución aprobada, serán enviados a los delegados de los 193 países miembros de la ONU, aunque no es hasta el próximo mes de septiembre que la Asamblea General de dicho cuerpo internacional abre una nueva sesión y considera nuevos temas, según explicó a Metro el abogado Phillip Escoriaza, experto en relaciones internacionales.

“Es muy limitado el impacto que puede tener la discusión en Naciones Unidas respecto a la formación de nuevos estados”, explicó Escoriaza. “En cuanto a la situación de independencia, la comunidad internacional se ha observado que es muy renuente a querer debatir o forzar el tema de la independencia de alguna jurisdicción, excepto en casos muy particulares”, añadió el licenciado.

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Las denuncias presentadas ayer ante el comité, surgen a menos de dos semanas de un inminente impago de $1,900 millones de la deuda pública, así como una posible aprobación en el Senado federal del proyecto que impondría una junta de control fiscal sobre Puerto Rico.

Una vez se abra la nueva sesión, los miembros tendrán que votar sobre los temas que querrán discutir durante ese periodo. Cada tema sólo necesita el favor de una mayoría simple para que sea incluido en la lista, aunque es improbable que el caso de Puerto Rico sea seleccionado, a jucio de Escoriaza, en primer lugar porque no es una prioridad a nivel internacional, y en segundo lugar porque las independencia de los territorios o jurisdicciones de naciones suelen terminar por clasificarse como asuntos internos de los países miembros.

Generalmente, los casos en los que la ONU ha intervenido para impulsar la independencia de una jurisdicción, reúnen al menos uno de los siguientes elementos:

“Ha habido guerras civiles (dentro de esos territorios), minorías étnicas que piden enclaves específicos geográficos y que luchan por su supervivencia, también en casos en que ambas partes por acuerdo han llegado a ese determinación de separarse, pero no hemos visto prácticamente que la fuerza de la opinión internacional haya obligado a un país a desprenderse de un pedazo o jurisdicción que está bajo su soberanía”, explicó Escoriaza, añadiendo que el caso de Puerto Rico no reúne ninguno de esos elementos.

Otra barrera que podría enfrentar el caso de Puerto Rico en el pleno de la Asamblea General, es que en la actualidad 17 territorios no autónomos forman ya parte de la lista del Comité de Descolonización, territorios que países miembros de la ONU podrían reclamar como prioritarios en términos del orden de atención a esos casos.

Por otro lado, también es improbable que la ONU establezca algún tipo de sanción sobre Estados Unidos, principalmente porque esas imposiciones deben hacerse por medio del Consejo de Seguridad, del cual la nación estadounidense es miembro, así como Rusia, China y otras naciones que también tienen conflictos internos respecto a regiones que buscan autonomía.

Escoriaza no prevé ventajas inmediatas, más allá de atraer la atención internacional y aumentar el número de interlocutores por medio de la diplomacia que propongan soluciones o nuevas herramientas sobre la mesa.

“Las soluciones no van a salir de las Naciones Unidas, ni en un tiempo lo suficientemente rápido como para atender con prontitud y permitir que en Puerto Rico se puedan implantar medidas apremiantes para poner las finanzas en orden y que el gobierno pueda volver a ser motor de la economía y no un lastre, sobretodo respecto a su deuda”, apuntó.

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